Prostitutas en EEUU temen que la ley las obligue a volver a la calle

Tras años anunciándose en la red, las prostitutas de Estados Unidos temen que la reciente aprobación de un paquete de leyes contra la trata en internet las empuje a ejercer de nuevo en la calle, a marcharse del país o a buscarse otro oficio.

Hace un mes, el presidente estadounidense, Donald Trump, promulgó dos leyes, conocidas como SESTA y FOSTA, aprobadas casi por unanimidad y que por primera vez atribuyen responsabilidades penales a las páginas web que publican anuncios de prostitución.

En tan solo unas semanas, la nueva legislación ha comportado el cierre de total de varios portales de anuncios, como Backpage, o la clausura parcial de otros, como Craiglist, que eliminó su sección de contactos en la que mayoritariamente se anunciaban prostitutas.

"Desde que se aprobaron las leyes, me siento mucho más vulnerable e inestable. Ha sido devastador", explica a Efe Angel, una mujer que ejerce la prostitución en Filadelfia y que utilizaba Backpage.

Angel también usa Eros, otra web de prostitución que por ahora se mantiene abierta, y admite que si este portal también echa el cierre no sabe qué hará porque trabajar en la calle no es para ella "una opción" y la prostitución es el único trabajo que ha conocido.

Sin embargo, los expertos temen que otras prostitutas sí tengan que volver a la calle, mucho más peligrosas, ya que en internet las prostitutas cuentan con portales en los que pueden consultar si un cliente es de fiar introduciendo su número de teléfono o su correo electrónico.

En noviembre pasado, investigadores de la Universidad de Baylor y de West Virginia concluyeron que la sección de anuncios eróticos de Craiglist había contribuido significativamente a la seguridad de las trabajadoras sexuales, y había reducido la tasa de homicidios femeninos en un 17,4 %.

"Si no puedo ejercer la prostitución de forma física, tendré que acudir a otros trabajos remotos, que están mucho peor pagados y que cuentan con intermediarios que se embolsan grandes comisiones", señala Angel, en referencia a las líneas de teléfono y webcams eróticas.

El paquete de leyes nació como respuesta al escándalo del portal de anuncios Backpage, cuyo máximo ejecutivo fue detenido después de que se demostrase que su sección de contactos era un coladero de anuncios de menores a las que prostituían, algunas de hasta 12 años.

Pese a que Backpage publicaba anuncios de todo tipo, el 90 % de sus ingresos provenían de la sección de adultos, que le permitieron aumentar sus ingresos de 5,3 millones de dólares en 2008 a 135 en 2014, según un informe del Senado.

Asociaciones cristianas y contra la trata instaron a los políticos a tomar cartas en el asunto y emprendieron una campaña mediática en la que contaron con la ayuda de algunas estrellas de Hollywood y presentadores de televisión.

ECPAT, la mayor organización contra la trata en EEUU, cree que gracias a esta legislación "habrá menos empresas que se atreverán a adentrarse en el comercio de sexo y menos víctimas serán vendidas".

"Durante demasiado tiempo, Backpage ha tenido beneficios tremendos gracias al abuso sexual de innumerables mujeres y niñas. Es obligatorio que Backpage rinda cuentas por sus perversas acciones", denunció la organización.

La presión surtió efecto, y tanto el Senado como la Cámara de Representantes aprobaron las leyes, elaboradas de forma conjunta entre republicanos y demócratas y aprobadas con una aplastante mayoría a favor.

Las leyes, sin embargo, fueron criticadas por colectivos de prostitutas y asociaciones por la libertad de expresión, que creían que la legislación creaba un peligroso precedente al considerar a los propietarios de las web responsables del contenido que publicaban sus usuarios.

También el Departamento de Justicia estadounidense expresó sus dudas en una carta que difundió poco antes de la aprobación de la ley alertando de sus consecuencias.

En la misiva, ignorada por los legisladores, el Departamento advirtió de que la vaguedad del texto legislativo podía implicar que las penas fuesen retroactivas, lo que sería "inconstitucional", y dijo que "pese a tener buenas intenciones", la norma podría acabar haciendo más difícil atrapar a los traficantes sexuales.