El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, consideró ayer que los delitos de corrupción, ya sean cometidos por personas públicas o por particulares, deben ser excluidos del ordenamiento jurídico español.

Así lo manifestó el ministro tras suscribir un convenio de colaboración con el consejero canario de Justicia, José Miguel Ruano, que contribuirá a reforzar el papel que desempeñarán los secretarios judiciales en la nueva Oficina Judicial.

Caamaño aludió a la remisión, en breves fechas, de la reforma del Código Penal al Congreso de los Diputados, y destacó que en ella se establece todo un cuadro de medidas punitivas en materia de corrupción, que están en línea, señaló, con las decisiones marco aprobadas con la UE.

A su juicio, estas medidas, “constituyen un instrumento sumamente útil para atajar este mal, que es una de las peores circunstancias que se pueden dar en un estado democrático”.

Así, el ministro afirmó que existen muchos tipos de delitos y que todos son reprobables porque suponen la vulneración y la quiebra de la ley, que son las reglas que nos hemos dado, pero hay algunos, como los de corrupción, sea de personas públicas o de particulares, “que deben ser especialmente excluidos de nuestro ordenamiento o perseguidos porque suponen, no sólo quebrantar la ley, sino también en gran medida, los cimientos de un sistema democrático que es el que todos nos hemos dado”.

Caamaño se manifestó favorable a adoptar, con serenidad, los cambios que sean necesarios en la Ley de Bases del Régimen Local para evitar la proliferación de casos de corrupción que afecten a gobiernos locales.

El ministro de Justicia afirmó que “la corrupción debemos combatirla con nuestra mayor energía y con todos los instrumentos que tengamos” porque “una democracia es algo que no se puede permitir”, de ahí que tengamos que tener, dijo, “tolerancia cero” con ella.

“La corrupción es el peor cáncer que puede tener una democracia” y para combatirla, subrayó Caamaño, “tenemos los instrumentos penales y otros, como puede ser cambiar la legislación del suelo porque hemos comprobado que en el ámbito del urbanismo, de la urbanización o de la vivienda residencial se han producido casos no deseables de violación y quebrantamiento de la ley”.

El ministro agregó que, “si además esto afecta también al ámbito de los gobiernos locales, con serenidad debemos adoptar las medidas necesarias porque las democracias aprenden también de las experiencias y debemos entre todos reflexionar e incorporarlas a nuestro derecho”.