Pérez Rubalcaba se refirió a esta operación durante su comparecencia en el Congreso para explicar las distintas iniciativas que se desarrollarán en materia de Interior durante la presidencia española de la UE que comenzará en enero.
Treinta y cuatro detenciones, más de 90 registros y la operación no está cerrada, dijo Rubalcaba.
La operación cumple, según el ministro, con tres objetivos fundamentales de su departamento en materia de la lucha antiterrorista, y el primero de ellos es el de impedir que las organizaciones de ETA, que han sido declaradas ilegales por el Tribunal Supremo, se rehagan.
El segundo objetivo es impedir también que ETA tenga una “cantera” y el tercero, luchar contra la violencia callejera, que “en la organización de ETA corresponde justamente a Segi” y es perseguida por parte de las fuerzas de seguridad, agregó el ministro.
“Porque no queremos que haya ningún tipo de impunidad en el País Vasco”, continuó el ministro, quien agradeció a los grupos parlamentarios sus felicitaciones por esta “buena” operación, que trasladará a su vez a las fuerzas de seguridad.
La organización juvenil ilegalizada Segi nació el 16 de junio de 2001 para suceder a Jarrai y Haika en su labor como “cantera” de la organización terrorista ETA.
En su asamblea fundacional, celebrada en Pamplona, Segi aprobó un manifiesto en el que se declaraba “nacional, independentista, socialista, revolucionaria, joven, euskaldun y plural”.
El propósito de Segi era suceder como organización juvenil de la izquierda abertzale a Haika, ilegalizada un mes antes por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón “por formar parte de la estrategia de terror y violencia de ETA”, y cuya cúpula dirigente había sido detenida el 6 de marzo de 2001.
A su vez, Haika había sido creada en abril de 2000 al unirse Jarrai, la organización juvenil de la izquierda abertzale nacida en 1979, y su equivalente francesa, Gazteriak.
Segi no tardó en seguir los pasos de sus predecesoras y, así, en diciembre de 2001 la Unión Europea (UE) la incluyó en su lista pública de organizaciones terroristas.
El 5 de febrero de 2002, Garzón declaró la ilicitud de las actividades de Segi, al considerarla un mero “sucedáneo” de Haika y parte integrante de ETA-KAS-EKIN.
Un mes después fueron detenidas doce personas, supuestos responsables de Segi y, en julio de ese mismo año, Garzón declaró a Batasuna responsable de los daños causados por Segi en actos de violencia callejera y ordenó el embargo de sus bienes.
El 7 de febrero de 2005 comenzó en la Audiencia Nacional el juicio a 33 miembros de las organizaciones Jarrai-Haika-Segi acusados de los delitos de pertenencia o colaboración con ETA, aunque el fiscal retiró los cargos contra cinco de ellos, por lo que finalmente fueron juzgados veintiocho.
En la sentencia, notificada el 20 de junio de 2005, la Audiencia Nacional ordenó la disolución de Jarrai, Haika y Segi “en tanto asociaciones ilícitas que son”, pero señaló que no podían ser consideradas organizaciones terroristas porque “nunca se enmarcaban en la utilización de armas”.
