Más aún cuando se ha actuado “procurando, como lo hacemos siempre, preservar el derecho a la confidencialidad y a la intimidad de las personas afectadas, en este caso, de la niña y de su familia”, destacó Roldós, quien insistió en que “ni la Consejería de Sanidad, ni ninguno de sus organismos dependientes, ha filtrado ningún documento a ningún medio de comunicación” sobre el caso.
Por todo ello, “el Gobierno no tiene que pedir disculpas porque el Gobierno ha actuado conforme a la legalidad vigente”, pese a que se organizó una concentración de repulsa ante la muerte de la niña cuando se publicó el caso de supuestos malos tratos con resultado de fallecimiento que luego resultaron descartados.
