El presidente francés, Emmanuel Macron, reconoció este miércoles, durante las últimas horas de su visita oficial a la Polinesia Francesa, la "deuda" de Francia por los ensayos nucleares practicados en el archipiélago entre 1966 y 1996.

"Asumo y quiero verdad y transparencia con vosotros. La nación tiene un deuda con la Polinesia Francesa. Esta deuda es haber desarrollado estos ensayos, en particular los que tuvieron lugar entre 1966 y 1974, que no podemos decir en absoluto que fueran limpios", dijo el jefe del Estado francés.

Estas palabras no fueron el perdón reclamado por los polinesios, pero son un paso en el reconocimiento de treinta años de ensayos nucleares que según varias investigaciones periodísticas habrían expuesto a la radiactividad a unos 110.000 ciudadanos.

En particular, un ensayo del 17 de julio de 1974 que salió mal se acercó más de lo previsto a las zonas habitadas del archipiélago, entre ellas Tahití, donde las autoridades francesas, pese a saber el riesgo, no avisaron a la población para que se protegiera de la radiactividad y la lluvia tóxica.

"Os digo con claridad que los militares que lo hicieron os mintieron. No hubo engaño, sino una toma de riesgos mal calculados, incluido para los militares", dijo Macron que asumió ante el público que "no hubiéramos hecho esos mismos ensayos en el Creuse o en Bretaña".

Desde su elección en 2017 se han tratado cerca de 200 casos de indemnizaciones pero admitió que este progreso es insuficiente y que hay que ir más allá.

Macron, que anunció nuevas medidas de alivio fiscal y un préstamo de 300 millones de euros para apoyar inversiones en las islas, llegó a la Polinesia el pasado sábado, tras presenciar en Tokio la inauguración de los Juegos Olímpicos.

Su regreso a Francia se iniciará este mismo miércoles, cuando presidirá a distancia, desde el avión presidencial, el Consejo de Ministros.

Tras la publicación de un libro el pasado marzo con las investigaciones de esos ensayos, ha habido numerosas manifestaciones locales y muchos barajan la posibilidad de llevar a Francia al Tribunal Penal Internacional con acusaciones de crímenes contra la humanidad.

La seguridad social polinesia reclama al Estado francés 670 millones de euros en concepto de reembolso por los tratamientos de enfermedades derivadas de las radiaciones.