Los tres, para los que el fiscal solicitaba 223 años de cárcel, están acusados de un delito de estragos terroristas, tres de lesiones gravadas, quince de lesiones, uno de robo con fuerza y otro falsificación con finalidad terrorista, aunque han sido absueltos de integración en organización terrorista, por lo ya fueron condenados por un tribunal francés en 2008.
También deberán indemnizar a ocho víctimas con 100 euros por día de sanidad y 150 euros por día de impedimento, y a tres de ellas con 20.000 euros adicionales y a otra con 500 euros por haber sufrido secuelas más graves, y no podrán acercarse a la localidad de Salou ni a los heridos durante cinco años.
Asimismo, tendrán que abonar por daños materiales en los bienes muebles e inmuebles las cantidades de 147.743,35 y 645.130,36 euros.
El fallo destaca que el límite de efectivo cumplimiento de las penas de cárcel no excederá de 25 años, sin perjuicio de que los beneficios penitenciarios serán aplicados sobre la totalidad de las condenas impuestas.
La sala considera probado que Berasategi, Zabalo y Barbarin constituyeron a finales de 1998 el comando Behorburu, bajo las ordenes directas del aparato militar de ETA, que les facilitaba los medios materiales y económicos para cometer atentados.
Berasategui alquiló en enero de 2000 un local en Urretxu (Guipúzcoa) y constituyó junto con Zabalo una empresa dedicada al lavado y limpieza de vehículos, aunque en realidad los locales se utilizaban para ocultar coches previamente sustraídos y preparar los explosivos que luego colocaban en ellos.
El 10 de agosto de 2001 sustrajeron un coche en Ondarroa (Vizcaya) y lo trasladaron a Urretxu donde lo ocultaron y colocaron un artefacto explosivo, compuesto por unos 50 ó 60 kilos de tytadine, así como placas falsas y, una vez preparado, Berasategui y Barbarin lo trasladaron hasta Salou.
A las 07.16 horas del 18 de agosto, Berasategui llamó a la DYA de Guipúzcoa para avisar de que a las ocho de la mañana iba a estallar un coche-bomba en el aparcamiento del hotel Calafont.
Cinco años para los acusados de violencia callejera
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha elevado a definitiva su petición de cinco años de prisión para los cuatro acusados de un delito de daños terroristas en el depósito municipal del Ayuntamiento de Markina (Vizcaya) en 2006.
El fiscal ha añadido en el juicio que se celebró ayer en este tribunal el agravante de disfraz para los acusados Estebe Gandiaga, Borja Oregui, Unai Arequistain y Mikel Onko.
