Jueces y fiscales protagonizaron hace casi un par de semanas una jornada de huelga sin precedentes en la que protestaron por la falta de medios materiales y personales, en la que criticaron la dejación y abandono de la Justicia por parte de las administraciones públicas y en la que reclamaron mayor independencia judicial. Todo un mazazo desde el estrado ante la falta de respuesta al protocolo sellado por las asociaciones de magistrados hace exactamente un año y en el que se trasladaban 14 propuestas al Ministerio de Justicia para mejorar el funcionamiento de las instituciones judiciales.
El ministro Rafael Catalá pidió entonces tres semanas de tregua para ofrecerles una respuesta acorde con sus reivindicaciones, aunque la moción de censura al Gobierno del PP va a demorar aún más el Pacto por la Justicia que juristas y operadores jurídicos vienen reclamando a las diferentes formaciones políticas y gobiernos durante los últimos años.
3.537 jueces sobre 5.400 han ido a la huelga en toda España, entre ellos más de 35 del Tribunal Supremo; y a ellos se han sumado asimismo 1.297 fiscales sobre 2.500. “Es que ha ido todo el mundo”, subrayaba esta semana el magistrado de la Audiencia Provincial, Juan José Parra, durante su participación en el debate celebrado en el espacio A Compás, de Ondaluz TV; “y no solo a la huelga, sino a los paros parciales de diez minutos y de una hora que hemos estado realizando cada jueves durante las últimas semanas”. Un respaldo a las movilizaciones impulsadas desde los juzgados que deberá tener en cuenta ahora el sucesor o sucesora -¿tal vez Margarita Robles?- de Catalá en el cargo.
Juan José Parra, que es asimismo vocal de TSJA, resumía así las reivindicaciones: “Tenemos ausencia de independencia judicial; tenemos demasiado control político sobre la justicia, y se aboga por una despolitización absoluta y total, ya que se necesita que los vocales sean elegidos de forma directa por todos los jueces y magistrados, como aconteció en 1980. Es necesaria asimismo la creación de unidades judiciales: hacen falta. Tenemos 730 órganos judiciales por encima del 170 y del 150% del módulo máximo de carga de trabajo que el CGPJ considera razonable, lo que es un disparate. Con independencia de eso, hay un expediente digital que no funciona, hay una carencia total y absoluta de medios materiales. Claro que hacen falta reformas”.
Oscar Alonso, decano del Colegio de Procuradores de Cádiz, animaba por su parte a “luchar por dignificar la Justicia. En la provincia de Cádiz no se puede comparar a otra administración por la deficiencia a la hora de trabajar; no por la calidad de los profesionales que hay, sino porque es imposible sacar adelante ese volumen de trabajo con la falta de medios, con la falta de juzgados por crear, con falta de dotación de funcionarios”.
Parra puso asimismo algunos ejemplos de las consecuencias de esta situación en la provincia, donde “se ha producido una sobrecarga en juzgados de primera instancia. Los juzgados de lo penal de Cádiz, Jerez y Algeciras están ya en el tope del riesgo total, porque siguen siendo los mismos, al tiempo que se han ido incrementando los de instrucción y los de violencia sobre la mujer, mientras que la sobrecarga de asuntos ha sido terrorífica. Asimismo, la jurisdicción social nos ha dado graves dolores de cabeza porque están cargadísimos de asuntos. En la memoria del TSJA salen ya una serie de peticiones para mejorar esa situación, que podemos multiplicar por cuatro, ya que Andalucía es muy grande, hay 900 jueces, muchísimos partidos judiciales, y muchísima litigiosidad, como ocurre en el Juzgado de lo Mercantil de Cádiz, donde hay tres compañeros con dos refuerzos”.
Por su parte, Marcos Camacho, decano del Colegio de Abogados de Jerez, apuntaba su teoría al respecto: “La Justicia lleva toda la vida en crisis, ya que no ha interesado nunca invertir en Justicia”. En este sentido, se refirió al caso del nuevo Juzgado de primera instancia número 6 de Jerez que debe empezar a funcionar el próximo mes de diciembre: “Está creado pero no saben dónde meterlo. No hay infraestructura para proveerlo, ni jueces, ni funcionarios. Es una pena que esté creado y no se ponga en marcha”. En este sentido, coincide con el decano de los procuradores al señalar que “la Justicia funciona bien gracias a la voluntad de los profesionales, porque todos se empeñan con sobreesfuerzo, no gracias a los que deben proveer los medios para que funcione; y la Justicia de calidad requiere el esfuerzo de todos. El problema es que no se ponen los medios porque parece que esto no interesa”.
En idéntica línea, el abogado y articulista Enrique Montiel, señalaba otras situaciones que se viven actualmente en la provincia, donde “hay menos juzgados de los que debería haber. En San Fernando solo hay tres, pero también los hay en mal estado, como ocurre en Barbate”. Sin olvidar los prometidos proyectos de las Ciudades de la Justicia aún sin ejecutar, y en algunos casos sin proyectar una década después de su anuncio: “Son una entelequia, en Cádiz, Jerez y Algeciras”.
En todo caso, no se trata solo de críticas. También han registrado ya propuestas para mejorar la situación. Así, el magistrado Juan José Parra alude a la necesidad de “adaptar la administración de justicia al siglo XXI”, así como recuerda que “trabajamos con una ley de enjuiciamiento criminal del siglo XIX. Necesitamos mejoras técnicas, ya que muchas reformas que se habían prometido han quedado en el olvido. Tenemos una oficina judicial con la ley orgánica del Poder Judicial aprobada en 2003 que no está funcionando. Tenemos una magnífica idea para los tribunales de instancias que no se ha terminado de potenciar, para que funcionen como la sala de una audiencia provincial, y se puedan optimizar medios y recursos, ya que lo que haría falta es un juez, pero no constituir o crear una unidad judicial con todo el equipo funcionarial. Hemos propuesto asimismo una de modificación de la ley de enjuiciamiento criminal para adaptarla al sistema anglosajón y europeo continental moderno, de la instrucción al ministerio fiscal, pero eso implica una reforma en profundidad y de eso no existen avances ni proyectos presentados”.
Por ahora, como admite Parra, “lo único que hay acordado es el mantenimiento de las oposiciones de 300 plazas de jueces y fiscales que estaban ya pactadas , y la creación de comisiones para las mejoras de las condiciones laborales”, pero nada más acerca de las carencias como de las propuestas; sin olvidar el tema intocable, “porque no interesa políticamente”, de la independencia judicial, “y es ahí donde está la clave”.
No obstante el magistrado de la Audiencia Provincial advierte que “la independencia judicial es un concepto más amplio. Tiene muchas proyecciones, no solo la judicial, también la económica, por el mero hecho de no sentirte presionado. El tema de esta independencia y politización que hay en la justicia, que los políticos le dan la vuelta para hablar de judicialización de la política, se refiere estrictamente al nombramiento discrecional de magistrados del TS, de la Audicencia Nacional, presidentes de secciones del Tribunal Superior de Justicia y presidentes de Audiencias Provinciales; el resto de los magistrados somos todos humanos y lo que hacemos es un concurso. Por eso insisto en que el tema de la independencia tiene una concepción mucho más arraigada que abarca los cimientos”.
Oscar Alonso, en su caso, propone diferenciar entre Diferenciar entre “micro justicia y macro justicia. Los jueces de primera instancia son absolutamente independientes y no reciben coacciones para que cambien alguna sentencia nunca. El relato de la falta de independencia se refiere a la macro justicia, donde todos ponemos en duda cómo se eligen a los magistrados del Tribunal Supremo, y por qué tienen que ser los partidos políticos los que los elijan, y no por baremos de puntos entre sus propios compañeros”.
Marcos Camacho, por su parte, se muestra más escéptico en este aspecto, y defiende y “cree” en el “sistema”; es más, entiende que las asociaciones de jueces “deberían explicar mejor a los ciudadanos dónde reside el problema con respecto a esa independencia, ya que “los jueces son plenamente independientes y dictan sus sentencias con plena independencia”.
Diferencias al margen, en lo que sí coinciden todos es en la necesidad de reactivar el gran Pacto por la Justicia, para que desde el mismo se pongan en marcha los proyectos necesarios, “e ir todos de la mano”, incluido quien suceda a Catalá..
“Debían haber contado con los abogados”
Marcos Camacho es el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Jerez, y comparte la mayoría de reivindicaciones planteadas durante la huelga por el colectivo de jueces y fiscales, aunque tiene un “pero” con respecto a la convocatoria de huelga. En su opinión, “los jueces y magistrados han perdido una gran oportunidad, ya que no se nos ha comunicado nada sobre esta huelga, ni se nos ha propuesto participar en sus reivindicaciones, cuando los abogados fuimos los primeros en reclamar un Pacto por la Justicia”. Es más, considera que “el grupo más afectado por la situación de la justicia, en estos momentos, somos los abogados y procuradores, como profesión más numerosa. En cualquier caso, y a título particular, una cosa es compartir las reivindicaciones y otra ser partidario de la huelga: “No estoy de acuerdo, porque entiendo que no es el sistema. Los jueces cuentan con unos órganos a los que pueden trasladar sus propuestas sin necesidad de recurrir a la huelga; otra cosa es que se hubiesen convocado paros que no afectasen a ciudadanos con la suspensión de juicios, ya que muchos de ellos llevan años y años esperando a su juicio para encontrarse en este día con una suspensión. Como abogado no veo de recibo que se suspendan los juicios sin que no se nos comunique nada hasta llegar al juzgado”.
“Las sentencias salen cuando tienen que salir”
Dentro del debate sobre la judicialización de la política es muy recurrente el argumento en torno a la “oportunidad” o a la “casualidad” con que se dan a conocer determinadas sentencias, por su influencia sobre determinadas situaciones y, por ende, en la opinión pública, tal y como acaba de ocurrir con el caso de la setencia sobre la Gürtel. En este sentido, el magistrado Juan José Parra sostiene que los tiempos procesales “son los que son”, y desvincula la publicación de determinadas sentencias en función del momento político o del debate instalado en la ciudadanía. “Que por qué sale ahora un auto u otro; pues, en el caso de los ERE, por ejemplo, han salido cuando han tenido que salir, porque el auto estaba terminado en ese momento. Es muy fácil decir después de muchos años de instrucción que las resoluciones se sacan en un momento determinado. Siempre va a haber quien diga que es un momento u otro, pero la realidad es que los tiempos procesales son así y salen cuando tienen que salir”.
