El Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha reiterado la semana pasada, por medio del secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, que mantiene su postura sobre la convergencia de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) y el planteamiento acerca del futuro reparto nacional de fondos pese a la negativa de organizaciones agrarias y cooperativistas (Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias), que amenazan con sacar los tractores a la calle en cuanto lo permita la pandemia.

En el mismo sentido se expresó con posterioridad el titular del Ministerio, Luis Planas, en una entrevista emitida por el programa 7 Economía, de 7TV Andalucía. El objetivo de la reforma propuesta, remarcó, es “que dos agricultores o ganaderos que hagan lo mismo cobren lo mismo de la PAC” y que las pequeñas y medianas explotaciones dispongan de más recursos.

Para mejorar la redistribución de recursos, el departamento que dirige Planas ha puesto los ojos en los derechos del pago básico que, como explicaba El País el lunes, está desvinculado de la producción, sustituye al pago único y la base son los derechos de pago asignados en 2015 en función de la superficie y producción que se tenían previamente. Concretamente, el Ministerio fija en los 60.000 euros el límite a partir del cual llevará a cabo rebajas. 

En España, de los aproximadamente 4.800 millones de euros anuales en pago directos, se reparten unos 2.800 corresponden a derechos del pago básico; en la provincia de Cádiz se distribuyen unos 190 millones.  

 La consulta detallada de los datos públicos contenidos en la web del Fondo Español de Garantía Agraria confirman la extrema desigualdad en el reparto: de los 5.762 beneficiarios registrados en 2019, 190 superan la barrera de los 60.000, de modo que el 3,3% de los agricultores y ganaderos concentran más de un tercio, concretamente el 35,2% de las ayudas, más de 22,1 millones de euros.

La lista la encabeza la firma Complejo Agrícola S. L, sociedad presidida por Ramón Mora-Figueroa y cuya familia aparece esta semana entre los más ricos de España, según la lista editada por El Mundo. Complejo Agrícola S. L. percibió más de dos millones de euros y lidera, igualmente, el ranking nacional. Inversiones Ebys S. L. también se cuela entre los propietarios con más fondos. La empresa vinculada a Iván Antonio Bohórquez Domecq obtuvo 464.630,14 euros.

En la provincia destaca, igualmente, La Almoraima, antigua propiedad del grupo Rumasa, con 363.872,10 euros, y el Ministerio de Defensa, con 338.700,93.

En el puesto número ocho de la clasificación gaditana aparece, por su parte, Efriasa S. A, con ayudas por un importe de 235.545,48 euros en 2019. La empresa está presidida por Maya Scullykirsten y tiene como consejero a Pedro Gallardo, vicepresidente de Asaja a nivel nacional, presidente de Asaja Cádiz y vicepresidente del Comité de Organizaciones Profesionales Agrarias (COPA), órgano de representación de los agricultores europeos, y uno de los líderes de las organizaciones agrarias más combativo contra los objetivos de redistribución de fondos planteados por el Gobierno.

En los tres casos, al superar los 100.000 euros, verían recortados los fondos en un 100%, explicaba El País, aunque las explotaciones podrán sortear el tijeretazo si el recorte se usa para pagar costes laborales.  En el caso de propietarios que reciban entre 60.000 y 74.900 euros, se les reducirá la cantidad un 25%; entre 75.000 y 89.999 euros, un 50%; y entre 90.000 y 99.000 euros, el 85%.

El departamento que dirige Planas se plantea asimismo dejar fuera a las empresas que no tengan la agricultura o la ganadería como actividad principal.

El sistema actual, en cualquier caso, será modificado porque, como remarcó el ministro, para que eso dos ministros o agricultores a los que se refería perciban lo mismo “no ocurriría hasta 2036” al ritmo actual.  Planas también aseguró en 7TV que la “próxima PAC es una oportunidad para Andalucía, aunque algunos la pinten como una amenaza”.

No obstante, el Gobierno aclara en una reciente respuesta parlamentaria que el Marco Finainciero Plurianual (MFP) 2021-2027 requiere todavía la aprobación en el Parlamento Europeo y su adopción formal por unanimidad en el Consejo. Una vez finalice este proceso, se procederá a ajustar los importes totales de los pagos directos, el desarrollo rural y algunas de las medidas de mercado a asignar a cada uno de los Estados miembros.

El Ejecutivo considera que los importes que corresponderán a España según la distribución acordada, 47.724 millones de euros, permitirán mantener o incluso mejorar un poco los importes atribuidos en el actual marco financiero 2014-2020, en torno a los 47.500 millones de euros.

En cualquier caso, no hay cantidad alguna preasignada de antemano por comunidad autónoma o provincia para la PAC y el reparto estará condicionado por la elaboración del Plan Estratégico Nacional que prioriza y clasifica necesidades según las características del sector productivo.