Justo en marzo hace tres años que la Plataforma de Pensionistas de Rota, ahora refundada en la Asociación en Defensa de lo Público, se concentra cada lunes para reclamar unas prestaciones dignas. Solo el confinamiento duro, la primavera pasada, impidió las manifestaciones.

Pero cada semana, un nutrido grupo de vecinos, con Ángel Novo a la cabeza, cumple con su acción reivindicativa. Desde julio, además, el colectivo reclama igualmente en la calle que se retome el proyecto del centro de salud en el polígono industrial, a la entrada de la localidad. Toca los jueves.

“En cuanto nos sea posible, en cuanto se levanten las restricciones de movilidad entre provincias por la pandemia, iremos a pie hasta Sevilla para entregar las firmas recogidas para que la Junta cumpla con el equipamiento”, adelanta Novo, quien ya cubrió los 700 kilómetros entre su pueblo y Madrid en octubre de 2019 para defender el sistema público de pensiones con una caminata que concitó el interés de los medios de comunicación y se granjeó la simpatía de la opinión pública.

Incombustible, acumula trienios como activista. “Antes de que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) fuera legalizado, en el 78, nos jugábamos el puesto defendiendo los derechos de los compañeros”, rememora el que fuera funcionario del cuerpo y buen ejemplo del espíritu revindicativo de la provincia.

Cádiz, no en vano, se sitúa al frente de la estadística nacional del número de manifestaciones. Según una reciente respuesta parlamentaria del Gobierno a preguntas del diputado de Bildu Jon Iñarritu, en los últimos cinco años, se han registrado 1.279 concentraciones. Solo Sevilla, con 1.368, y Madrid, con 2.065, se sitúan por delante.

“Pocas son”, valora, por su parte, Antonio Montoro, secretario general de la federación intercomarcal de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT Cádiz. “Basta con mirar las cifras del paro” para explicar el fenómeno, agrega. Y vaticina un incremento aún mayor de conflictividad por los efectos de la pandemia. De hecho, la provincia no ha parado de moverse desde la desescalada y, desde mediados de este marzo, especialmente para frenar “las maniobras de la dirección de Airbus para debilitar a las plantas españolas y desindustrializar el sector aeronáutico español”.El comité de empresa ha programado nuevas acciones en la primera quincena de este mes y, entre otras iniciativas, valora un eventual encierro de las dos plantillas en la planta de Puerto Real. “El Martes Santo pedí a la ministra de Industria, Comercio y Turismo), Reyes Maroto, la convocatoria de una mesa por la industria, pero no la de Diputación, que está obsoleta, con todos los agentes económicos y sociales para coordinar respuestas para la industria en toda la provincia”, explica, pero lamenta que habrá que desplegar una actividad revindicativa más intensa.

“Nos fiamos más de nosotros mismos que de nuestros representantes políticos”, sostiene Antonio Conde,  presidente de la Asociación de Politólogos de Andalucia (PoliticAnd). De hecho, en la provincia se vota poco desde siempre. Tan poco que ha liderado de manera permanente el ranking andaluz por abstención en las elecciones generales celebradas entre los años 1986 y 2011.

“Lo poco que ha conseguido Cádiz históricamente ha sido por medio de la reivindicación, no por justicia social”, añade. “Desde que paramos a los franceses en el siglo XIX”, ironiza. Pero no ha sido suficiente. Conde recuerda que la provincia ha sufrido drásticas reconversiones industriales que han reducido a la mínima expresión sectores tractores como la remolacha y la viticultura, la industria naval o la aeronáutica. “Hemos visto morir a localidades al completo como Barbate”, lamenta. “El desmantelamiento de la economía ha sido constante, impulsado por la Unión Europea, hasta convertirnos en una provincia de servicios”, que sufre especialmente ahora las consecuencias de la crisis sanitaria y las restricciones de la movilidad. A todo ello, ha contribuido

Justo en marzo hace tres años que la Plataforma de Pensionistas de Rota, ahora refundada en la Asociación en Defensa de lo Público, se concentra cada lunes para reclamar unas prestaciones dignas. Solo el confinamiento duro, la primavera pasada, impidió las manifestaciones.

Pero cada semana, un nutrido grupo de vecinos, con Ángel Novo a la cabeza, cumple con su acción reivindicativa. Desde julio, además, el colectivo reclama igualmente en la calle que se retome el proyecto del centro de salud en el polígono industrial, a la entrada de la localidad. Toca los jueves.

“En cuanto nos sea posible, en cuanto se levanten las restricciones de movilidad entre provincias por la pandemia, iremos a pie hasta Sevilla para entregar las firmas recogidas para que la Junta cumpla con el equipamiento”, adelanta Novo, quien ya cubrió los 700 kilómetros entre su pueblo y Madrid en octubre de 2019 para defender el sistema público de pensiones con una caminata que concitó el interés de los medios de comunicación y se granjeó la simpatía de la opinión pública.

Incombustible, acumula trienios como activista. “Antes de que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) fuera legalizado, en el 78, nos jugábamos el puesto defendiendo los derechos de los compañeros”, rememora el que fuera funcionario del cuerpo y buen ejemplo del espíritu revindicativo de la provincia.

Cádiz, no en vano, se sitúa al frente de la estadística nacional del número de manifestaciones. Según una reciente respuesta parlamentaria del Gobierno a preguntas del diputado de Bildu Jon Iñarritu, en los últimos cinco años, se han registrado 1.279 concentraciones. Solo Sevilla, con 1.368, y Madrid, con 2.065, se sitúan por delante.

“Pocas son”, valora, por su parte, Antonio Montoro, secretario general de la federación intercomarcal de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT Cádiz. “Basta con mirar las cifras del paro” para explicar el fenómeno, agrega. Y vaticina un incremento aún mayor de conflictividad por los efectos de la pandemia. De hecho, la provincia no ha parado de moverse desde la desescalada y, desde mediados de este marzo, especialmente para frenar “las maniobras de la dirección de Airbus para debilitar a las plantas españolas y desindustrializar el sector aeronáutico español”. Precisamente mañana se reúne el comité de empresa para programar acciones en la primera quincena de este mes y, entre otras iniciativas, valorar un eventual encierro de las dos plantillas en la planta de Puerto Real. “El martes pedí a la ministra de Industria, Comercio y Turismo), Reyes Maroto, la convocatoria de una mesa por la industria, pero no la de Diputación, que está obsoleta, con todos los agentes económicos y sociales para coordinar respuestas para la industria en toda la provincia”, explica, pero lamenta que habrá que desplegar una actividad revindicativa más intensa.

“Nos fiamos más de nosotros mismos que de nuestros representantes políticos”, sostiene Antonio Conde,  presidente de la Asociación de Politólogos de Andalucia (PoliticAnd). De hecho, en la provincia se vota poco desde siempre. Tan poco que ha liderado de manera permanente el ranking andaluz por abstención en las elecciones generales celebradas entre los años 1986 y 2011.

“Lo poco que ha conseguido Cádiz históricamente ha sido por medio de la reivindicación, no por justicia social”, añade. “Desde que paramos a los franceses en el siglo XIX”, ironiza. Pero no ha sido suficiente. Conde recuerda que la provincia ha sufrido drásticas reconversiones industriales que han reducido a la mínima expresión sectores tractores como la remolacha y la viticultura, la industria naval o la aeronáutica. “Hemos visto morir a localidades al completo como Barbate”, lamenta. “El desmantelamiento de la economía ha sido constante, impulsado por la Unión Europea, hasta convertirnos en una provincia de servicios”, que sufre especialmente ahora las consecuencias de la crisis sanitaria y las restricciones de la movilidad. A todo ello, ha contribuido “políticos que se olvidan de donde son en cuanto pasan de Despeñaperros”, denuncia. 

 

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