A finales de marzo, los alcaldes de Cádiz, Girona, Lleida, Madrid, Reus, Santa Cruz de Tenerife, Torrelavega, Pamplona, Valencia y Zaragoza pidieron a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, una reunión urgente para, entre otras cuestiones, definir el acceso a los fondos europeos de los ayuntamientos. La semana pasada, los regidores rebeldes han remitido una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y al presidente del Comité Europeo de las Regiones, Karl-Heinz Lambertz, para “pedirles que amonesten a Pedro Sánchez y le exijan un mejor reparto de la ayuda comunitaria”, según publicó Juanma Lamet en El Mundo. 

Ayer, una treintena de alcaldes de toda Andalucía, entre ellos la de Jerez, Mamen Sánchez, y con el de Sevilla, Juan Espadas, al frente, se ha sumado a esta demanda. 

“El Gobierno debe dar participación a los ayuntamientos y diputaciones en los fondos provenientes de la Unión Europea frente a los efectos del Covid-19 para la recuperación en términos y proporciones equivalentes al peso real de la Administración local en el conjunto del gasto público”, sostiene el primer edil de El Puerto, Germán Beardo. “Esto es -añade-, el 14,56% frente a lo consignado en los Presupuestos Generales del Estado, un 4,2%”. En millones de euros: 20.000 frente a los casi 1.500 previstos.

Beardo, que abordó la reivindicación compartida por representantes de diversos partidos políticos en la reunión ordinaria de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), subraya que las entidades locales han estado en primera línea de batalla durante la pandemia. “Hemos sido la Administración que hemos entregado una bolsa con alimentos a quien se ha quedado sin recursos básicos y la que ha habilitado espacios municipales para la campaña de vacunación”, remarca. Es de justicia, por lo tanto, contar con recursos para hacer frente a la recuperación económica tras la pandemia.

Y advierte de que la llegada de fondos debe llevar aparejada una “renovación en la normativa para facilitar la agilización y la eficacia de los ayuntamientos, tanto en la tramitación de proyectos como en la contratación de personal”.

Sin embargo, Adelante Andalucía, vinculada a Unidas Podemos, el socio del PSOE en el Gobierno central, da por hecho que los ayuntamientos son incapaces de gestionar los recursos. Durante el debate de una propuesta en la línea de los “alcaldes rebeldes” presentada por el PP el 29 de abril, el diputado autonómico de la coalición de izquierdas Guzmán Ahumada apuntaba a la reforma de la administración local llevada a cabo por Mariano Rajoy para cuestionar  la ideoneidad de descentralizar la gestión.

Vox coincidió con la formación morada.  Ángela Mulas consideró que “no se puede regar a los ayuntamientos con dinero porque sí” y recomendó que “dejemos de tener tantos intermediarios que limiten el acceso a las ayudas y creen un entramado burocrático imposible, por cuanto eso es contrario a los intereses de los perjudicados”.

El PSOE, por su parte, defendió en la cámara andaluza por medio de Jesús Fernández que “las corporaciones locales están presentes en todas las conferencias sectoriales en donde se debate acerca de la asignación de los fondos europeos”. Consultado al respecto recientemente por Información, el subdelegado del Gobierno de España en Cádiz, José Pacheco, dio por bueno el reparto de 1.483 millones de euros y señaló que además contarán con “cuantías adicionales que gestionarán en el futuro en base de los proyectos que presenten, puesto que más de la mitad de los fondos están pendientes de asignar”. Asimismo, valoró “la constitución de la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia como espacio de participación donde por primera vez en la historia se va a contar con la voz y el voto de la FEMP”.

Para el PP no es suficiente. Tampoco se fía. En este sentido, la número dos del partido y diputada autonómica, Loles López, ha acusado al Gobierno “de atracar a los ayuntamientos e intentar llevarse sus ahorros” y de incumplir sus compromisos de dar 3.000 millones de euros incondicionados para hacer frente a la pandemia y otros 400 millones para cubrir el déficit que había supuesto mantener el servicio de transporte público.