“¿Qué razones objetivas tiene el Gobierno para cambiar de opinión y decir en septiembre lo que en julio aseveraba sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)?”, se preguntan en la Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos (ATA) sobre la firme intención del presidente, Pedro Sánchez, de seguir adelante con su propuesta incluso si no se alcanza un acuerdo con la patronal. “¿Los precios de la luz, agua y carburantes actuales? ¿Los datos de insolvencia y concursos? ¿Los datos de productividad? ¿El aumento de prestaciones en cese de actividad, con 5.000 empleados por cuenta propia en Cádiz? ¿Los casi 4.000 ocupados que continúan en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE)? ¿Qué datos maneja para cambiar de posición?”, se cuestiona sin ocultar la ironía. “Las encuestas de intención de voto”, da por toda respuesta el interlocutor de ATA.
En términos similares se expresó el consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, el jueves pasado en el Parlamento de Andalucía, donde compareció para valorar el impacto del alza del SMI en la economía regional. A favor de cualquier “medida que beneficie a los trabajadores”, mostró su objeción sobre la iniciativa del Gobierno de coalición y advirtió de las dificultades de las comunidades autonómas de asumir la subida atendiendo a sus desigualdades salariales. No en vano, CCOO apunta en un reciente informe que, según datos de la Agencia Tributaria de 2019, los ingresos medios en Andalucía son de 24.528 euros al año, solo por detrás de Extremadura por la cola, frente a los 26.934 euros en el conjunto de España; en el País Vasco, se alcanzan los 32.529 euros.
“¿Hay músculo financiero para llevar a cabo el incremento del SMI en 19 euros hasta los 970?”, plantea, por su parte, Javier Fernández, secretario técnico del Colegio de Economías de Cádiz. Fernández recuerda que “la recuperación está en marcha, pero hay empresas que ajustaron plantillas” y apunta a la falta de productividad.
“La economía provincial se centra en el sector servicios, que tiene puntas de demanda pero no se mantienen durante todo el año”, advierte. De manera que concluye que el tejido empresarial gaditano no tiene, a día de hoy, capacidad para afrontar este SMI. “Primero hay que fortalecer la estructura económica y cambiar el modelo productivo, pero eso lleva tiempo, cuatro, cinco años”, añade. E insiste en que el incremento previsto por el Gobierno se cebará con el sector primario, porque “en el campo los márgenes de beneficio son escasos”, y las empleadas del hogar, porque el coste salarial repercute directamente sobre el usuario, que prescindirá del servicio.
Yolanda Carrasco, secretaria de la Mujer de CCOO-A, niega, sin embargo, que exista relación alguna entre un SMI mayor y un mazazo en estas actividades, principales perceptores de este sueldo. Se verán beneficiados especialmente mujeres (con ingresos anuales de 19.392 euros) y jóvenes (que no superan los 12.000 euros al año de media), explica. En total, en 2020, calcula que la medida vino bien a 364.000 andaluces, pero ahora podría mejorar las cuentas de casi un millón.
Carrasco rechaza asimismo que se fomente la temporalidad, y propone evitar la estacionalidad, al tiempo que desvincula la economía sumergida de un SMI más justo. “La economía sumergida es fraude. La administración no puede amparar el fraude”, y tampoco se puede justificar. Simple y llanamente, remarca, hay que perseguirlo y sancionarlo.
“Andalucía está interesada en la subida”, en cualquier caso, agrega. Por justicia social, pero también porque, “a mejor salario, más actividad económica y mayor consumo”, razona. Además, no considera traumático el alza propuesto porque “los convenios avanzan por encima de los 1.000 euros los sueldos mínimos”. “Estamos en los márgenes que demandamos y que estamos pactando con las mismas empresas”, remarca.
