Cientos de personas, según la organización de la marcha, se han manifestado este sábado por las calles de Madrid convocadas por la Asociación ADN-D, radicada en Granada, para instar al Gobierno central a que investigue posibles casos de robos de bebés en España, especialmente el de Eduardo Raya, el abogado granadino que fue el primero del país en denunciar ante la Justicia la sustracción de su hija, nacida en 1990 en el Hospital Clínico de Granada.
Ha sido el propio Eduardo Raya quien, en declaraciones a Europa Press, ha explicado el fin de la marcha, que viene motivada, según ha recordado, por la actuación "errónea" del Instituto Nacional de Toxicología en distintos análisis de ADN realizados para investigar posibles robos de bebés.
La manifestación se ha iniciado alrededor de las 11,30 horas en la sede de la Fiscalía General del Estado y ha finalizado ante la sede del Ministerio de Justicia, donde Raya ha leído un manifiesto en el que ha exigido al Gobierno que "tome cartas en el asunto e investigue unos delitos de lesa humanidad", a la vez que ha reclamado que finalicen "los errores policiales y judiciales" en esta materia.
"Nos manifestamos porque nos han quitado las vidas de nuestros hijos, no porque nos hayan recortado nuestras nóminas", ha remarcado este abogado, quien, de este modo, ha querido dejar claro que sus protestas "no concluirán con esta manifestación", sino que "habrá más" acciones como ésa. "No nos vamos a cansar y mientras sigamos vivos seguiremos luchando", ha insistido.
A juicio de Raya, el Gobierno "quiere ocultar" estos supuestos errores cometidos por el Instituto Nacional de Toxicología, que tacha de "muy graves", pero "no va a conseguir su objetivo", ha aclarado antes de reiterar que cuenta con hasta seis informes científicos --elaborados por "cinco laboratorios independientes" y el Hospital Clínico de Barcelona-- que "contradicen" los resultados de las pruebas practicadas por Toxicología.
Al hilo de ello, el letrado ha lamentado que los medios de comunicación estén dedicando "más atención" a la investigación de la desaparición de los menores onubenses Ruth y José que a su caso, algo que también achaca al Gobierno, que "practica censura y no pretende que este asunto salga a la luz".
En ese sentido, se ha quejado de que no hayan habido "ningún representante del Ministerio de Justicia" que haya salido a recibir a los manifestantes a su llegada a la sede de este departamento, algo que, por otra parte, no le sorprende, porque, según ha indicado, éste le tiene "vetado".
EL PRIMER CASO DENUNCIADO EN ESPAÑA
La hija de Eduardo Raya nació el 6 de junio de 1990, después de que uno de los doctores del Hospital Clínico de Granada le practicara una cesárea urgente a la madre por supuesto sufrimiento fetal, el mismo facultativo que "casualmente" fue condenado tres años más tarde por la Audiencia Provincial de Granada por una adopción irregular.
Tres días más tarde, el Hospital comunicó a los padres que la hija había fallecido, y sus supuestos restos fueron enterrados. Sin embargo, en 1998 los padres decidieron trasladarlos para enterrarlos junto a su abuelo paterno, pero antes les hicieron pruebas de ADN en dos laboratorios (Tecnogen y Genómica) que dictaminaron que aquellos restos no pertenecían a su hija.
Así, Raya denunció los hechos ante la Fiscalía --el primero denunciado en España-- el 23 de marzo de 2010, y el caso fue llevado al Juzgado por el Ministerio Público, que era la primera vez que en Granada trasladaba un posible robo de niños ante el juez. Entonces, aparecieron "milagrosamente" y después de 20 años unos restos conservados en parafina de un hígado que el Instituto Nacional de Toxicología certificó que correspondían a su hija.
Entonces, la magistrada del Juzgado de Instrucción 2 decidió archivar el caso en primera instancia, y el padre decidió de nuevo enviar los restos de hígado aportados por el Hospital a un especialista del Clínico de Barcelona, que determinó que no se trataba de un hígado fetal o de un recién nacido de pocos días.
Ello, según Raya, venía a evidenciar que la investigación se había archivado en base a "una prueba falsa" y la juez decidió reanudar la instrucción, y envió los mismos restos parafinados a Toxicología de Sevilla, que no aclaró, pese a que así se le solicitó por parte del Juzgado, si correspondían a un recién nacido, y simplemente señaló que pertenecían a un niño con un síndrome de hepatitis neonatal. Fue entonces cuando la magistrada, de nuevo, dicta el auto de sobreseimiento libre, es decir, el archivo definitivo.
