Los 128 trabajadores de la fábrica de armamento Santa Bárbara Sistemas en Granada han iniciado un encierro que se prolongará hasta el 28 de febrero en protesta por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que ha anunciado la dirección de la empresa en el conjunto del territorio nacional, y que en el caso de la factoría granadina afectará a 54 trabajadores.
La protesta ha arrancado a las 16,30 horas, después de finalizar la jornada de trabajo, según ha explicado a Europa Press el delegado de CCOO en Santa Bárbara, Francisco Gómez, quien ha avanzado que los trabajadores retomarán la faena a las ocho de la mañana del miércoles y volverán a parar a las cuatro de la tarde para proseguir con el encierro.
Mantendrán esta fórmula de protesta hasta las 9,30 horas del 28 de febrero, Día de Andalucía, cuando prevén salir en manifestación desde la factoría hasta la capital granadina para unirse con la movilización prevista para ese día.
Además, han convocado dos jornadas de huelga para el 6 y el 7 de marzo para mostrar su rechazo a un ERE que ven "injustificado" tanto desde el punto de vista económico como desde el organizativo.
Desde la plantilla aseguran que hay carga suficiente de trabajo para mantener a los 128 trabajadores de la factoría durante todo 2013, de hecho advierten de que el despido de medio centenar de personas que prevé el ERE "impedirá hacer frente a los encargos" comprometidos.
De acuerdo a los datos que barajan los trabajadores, la empresa "tiene beneficios" en la actualidad, mientras que ha rechazado abordar "cambios organizativos" en la plantilla para evitar los despidos como ha propuesto la plantilla.
La intención de la multinacional de reducir la plantilla de su división española en un 60 por ciento viene precedida de anteriores ajustes (unificación de los centros de Madrid y Asturias, venta de Murcia y preacuerdo de venta en Palencia) que han reducido considerablemente la dimensión de Santa Bárbara Sistemas, según ha indicado el delegado de CCOO en Santa Bárbara Sistemas.
El sindicato ha rechazado además en un comunicado que la Administración española "se desentienda" de este conflicto "mediante actuaciones que facilitan el desmantelamiento industrial de un sector que viene jugando un papel fundamental en el ámbito económico, industrial, tecnológico y del empleo en nuestro país", ya que uno de los factores esenciales para el desarrollo de esta industria son las políticas relacionadas con la investigación y la tecnología de defensa y de uso dual (civil y militar)".
