La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha avalado las razones económicas alegadas por la Junta de Andalucía para presentar el ERE que afectó a los 125 Agentes Locales de Empleo (ALPE) y a los directores de los 17 Consorcios de las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt), participados por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), y por entidades locales.
Concretamente desestima la demanda de conflicto colectivo planteado por los nueve integrantes del Comité de Empresa de estos consorcios en la provincia declarando "ajustadas a derecho" las decisiones extintivas impugnadas, en una sentencia de fecha 12 de febrero y a la que ha tenido acceso a Europa Press.
Los comités de todas las provincias, excepto Cádiz, presentaron sus respectivas demandas por el mismo asunto ante el Alto Tribunal Andaluz, que por ahora sólo se ha pronunciado sobre la provincia de Granada. En el caso de Cádiz, según han informado a Europa Press fuentes del caso, los ALPE denunciaron el ERE de manera individual en los Juzgados de lo Social.
En su resolución, la Sala de lo Social rechaza aceptar la nulidad del proceso, que llevará a la disolución de los consorcios, al entender que ha quedado probado que se facilitó al comité de empresa una documentación con sus correspondientes memorias justificativas de la concurrencia de las causas de la extinción de los contratos laborales de cada uno de los 17 consorcios, a las que se adjuntaron también informes sobre las razones de "insuficiencia presupuestaria" para el mantenimiento de la financiación de los gastos de personal.
Señalan también los magistrados que esta documentación contenía también datos sobre los presupuestos de cada uno de los consorcios afectados por el despido para el año 2011 prorrogado para el 2012, que constituyen "no una mera alusión genérica a las causas invocadas y presuntamente concurrentes", ya que se consignaron "las situaciones que justificaron la decisión empresarial".
Con ello, se garantizó la veracidad y la fiabilidad del proceso, para el que, en contra de lo que alegaron los trabajadores, sí existió negociación, porque se produjeron dos reuniones antes de levantarse el acta final sin acuerdo. "Además también está acreditado que los consorcios hicieron gestiones con los ayuntamientos consorciados en orden a la asunción de trabajadores o al aumento de financiación. Por todo ello no se observan defectos en la negociación, ni de forma, ni de fondo".
Consideran además los jueces del TSJA "cumplido" el requisito establecido para que el empresario pueda cesar a cada trabajador a consecuencia de un despido colectivo, después de que las causas generadoras del mismo hayan sido analizadas y sometidas al periodo de consultas.
En lo que respecta a las razones para presentar el ERE, el Alto Tribunal andaluz recuerda que, dado que los consorcios dependen de la financiación "exclusivamente pública y predominante" del SAE y teniendo en cuenta la situación de insuficiencia presupuestaria de los mismos, la situación "no deja otra posibilidad que la extinción" de los contratos de los ALPE.
El que fuera presidente del comité de empresa, Javier Jiménez, ha dicho a Europa Press que los abogados de los trabajadores están estudiando esta resolución para ver las posibilidades que tienen de recurrirla ante el Tribunal Supremo, o plantearse comenzar a denunciar de manera individual, como ya lo han hecho en Cádiz. Por ello, están también a la espera de las sentencias que habrá de hacer públicas también el Alto Tribunal Andaluz sobre la situación de los ALPE en otras provincias.
Jiménez ha criticado que el TSJA no haya tenido en cuenta algunas de las "muchas irregularidades" alegadas por los trabajadores y ha considerado que la resolución "parece hecha al dictado del abogado de la Junta de Andalucía".
"Nunca ha habido voluntad de negociación por parte de la empresa", ha señalado el presidente del comité, que además ha dicho que le "extraña" que tres meses después del despido de los ALPE el Gobierno andaluz haya anunciado la contratación de 300 o 400 personas en las oficinas del SAE. "No nos cabe en la cabeza que echen de esa forma a profesionales con mucha experiencia y a los tres meses se pongan a buscar a gente nueva", ha concluido.
