La familia de Motril (Granada) cuya vivienda será expropiada temporalmente por la Junta de Andalucía para evitar su desahucio se ha mostrado "muy contenta y emocionada" al conocer que es una de las dos beneficiarias de esta medida y ha agradecido el apoyo recibido ante su difícil situación económica.
En declaraciones a Europa Press, Ana Prieto Coca, residente en la calle Azorín de Motril, ha explicado que está separada y no tiene trabajo desde hace cuatro años, por lo que no ha podido hacer frente a los pagos del inmuble donde vive con sus tres hijos, de 20, 22 y 24 años.
Visiblemente emocionada, Ana ha relatado que en la actualidad subsiste con la ayuda agraria, dado que su expareja no le ayuda económicamente. En esta situación de "dificultades", tuvo conocimiento del decreto antidesahucios y en el mes de abril presentó ante la Delegación de Fomento y Vivienda de la Junta en Granada la solicitud para el inicio del expediente de expropiación de uso de su vivienda, que se le había embargado.
"Tanto lo he pedido que se ha cumplido", ha señalado la mujer, quien ha agradecido el apoyo recibido también desde los Servicios Sociales de la Junta de Andalucía y ha confiado en que, durante los tres años que dura la expropiación temporal de su casa, pueda encontrar un puesto de trabajo que le permita salir adelante.
CHARCHES
La otra beneficiaria del decreto antidesahucios de la Junta es Margarita Yolanda Cabana Carretero, casada y madre de una familia numerosa que reside en la calle Atocha de Charches-Valle de Zalabí.
Así lo ha explicado a Europa Press el alcalde pedáneo de Charches, Juan José Martínez, quien ha mostrado su "alegría" por la ayuda que recibirá esta familia, la cual habita, junto a una persona mayor enferma, en una vivienda social del municipio.
Martínez ha relatado que el padre de familia ejerce las labores de pastor y los Servicios Sociales municipales les "han echado una mano" en los últimos tiempos.
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publica este jueves el inicio del proceso para la expropiación temporal de uso de estos inmuebles en la provincia de Granada, en cumplimiento del decreto de función social de la vivienda, que protege a las familias afectadas por un desahucio como consecuencia del empeoramiento de su situación económica durante la crisis.
Se trata del segundo expediente de este tipo que inicia la Junta desde la puesta en funcionamiento del decreto, después de que a finales del mes de mayo el trámite comenzara con otra familia residente en una vivienda en Huelva capital.
Las familias presentaron ante la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio sendas solicitudes de inicio del proceso de expropiación forzosa después de que la entidad bancaria adjudicataria de sus vivienda solicitara por la vía judicial el desahucio. Ahora, sus peticiones han sido aceptadas y se les ha dado trámite, comenzando un proceso que podría prolongarse durante unos meses.
Las afectadas cumplen los requisitos que exige el decreto para propiciar la expropiación temporal de uso de la vivienda durante un periodo de tres años, como que sólo cuentan con ese inmueble como residencia habitual, o que se encuentran en una situación económica que ha sufrido un "deterioro" a consecuencia de la crisis, y que por ello no pueden hacer frente al pago de su hipoteca.
