Trabajadores de Transportes Rober, concesionaria del servicio del transporte urbano en Granada capital, se han manifestado este miércoles desde la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía hasta los Juzgados de la Caleta para denunciar la "injusticia" que a su juicio se está cometiendo con los 22 compañeros imputados por la Fiscalía por su actuación en un piquete informativo durante la huelga convocada entre el 30 de enero y el 20 de febrero de 2009.
Esta manifestación se enmarca en el calendario de movilizaciones impulsado por CCOO, que preside el comité de empresa de Rober, para pedir la libre absolución de todos los imputados.
Entre los acusados, que serán enjuiciados los días 6 y 8 de noviembre tras suspenderse la vista celebrada el pasado 23 de mayo, se encuentra el secretario general de CCOO de Granada, Ricardo Flores, y todos ellos se enfrentan a una petición fiscal de hasta cuatro años de prisión por un posible delito contra el derecho de los trabajadores.
No obstante, desde CCOO defienden que en la citada huelga de 2009 se lograron importantes mejoras para la plantilla que se reflejaron en el convenio colectivo, entre ellas la condición de trabajadores fijos para 35 conductores, y advierten de que los piquetes informativos están amparados por la Ley.
Por ello, el sindicato solicita la libre absolución de todos y cada uno de los imputados al considerar que esta situación es un "despropósito", entendiendo que supone "una clara represión sindical y una vulneración a los derechos de los trabajadores".
El juicio, previsto en el Juzgado de lo Penal 3 de Granada, fue aplazado el pasado 23 de mayo por la ausencia de un imputado que se encontraba de baja médica por hospitalización.
La vista oral se fijó a raíz de una denuncia presentada por la anterior Gerencia de Transportes Rober por la actuación de los piquetes informativos en la citada huelga, al considerar que se produjeron "coacciones" al personal de la empresa e "interrupciones del servicio público de autobuses y de los servicios mínimos legalmente establecidos".
Finalmente, la Fiscalía calificó los hechos como un posible delito contra el derecho de los trabajadores y pide penas de hasta cuatro años de cárcel. Fuentes sindicales sostienen que el Ministerio Público ha mantenido su acusación pese a que la empresa ha retirado la denuncia tras alcanzar un acuerdo con los trabajadores, lo que ha motivado que el juicio siga adelante.
