El grupo socialista de la Diputación de Granada ha acusado este miércoles al equipo de gobierno en la corporación, del PP, de "discriminar a varias comarcas de la provincia y a decenas de municipios" de la prestación del servicio de Ayuda a Domicilio, al "imponer una reordenación del sistema que establece la exclusión de centenares de usuarios de estas zonas y la consiguiente pérdida de puestos de trabajo".
Según ha detallado la diputada socialista Fátima Gómez, las comarcas de Baza y Huéscar, los Montes Orientales o el Poniente granadino son, entre otras, "las áreas más perjudicadas por una nueva distribución de horas de este servicio, del que quedan prácticamente excluidas, y que se traduce en la expulsión del sistema de usuarios y profesionales".
Con la nueva disposición, "la zona norte pierde hasta un 25 por ciento de las horas, provocando que municipios como Benamaurel pasen de tener 16 usuarios a tan sólo uno", ha añadido la diputada del PSOE, quien ha precisado que este servicio, que "nada tiene que ver con el Decreto de Exclusión Social de la Junta", está cofinanciado por el Estado, el Gobierno andaluz, la Diputación y los municipios, y atiende a entre 670 y 680 usuarios en la provincia.
"El gobierno provincial ha decidido redistribuir el sistema para incorporar a nuevas personas de otras zonas a costa de dejar fuera a usuarios de estas comarcas. Nos parece estupendo que se incluya a más usuarios, pero no es lógico y resulta absurdo que se haga a costa de dejar fuera a otros beneficiarios que vienen recibiendo el servicio, en algunos casos desde hace más de diez años", ha señalado.
Gómez ha acusado al gobierno de la Diputación de "dar la espalda" a los ayuntamientos y a los ciudadanos en la aplicación de esta reordenación. "Los afectados nos trasladan que desconocen por qué se han quedado fuera a pesar de llevar recibiendo este servicio muchos años", ha revelado Fátima Gómez, quien ha incidido en que una persona con 10 u 11 años como beneficiaria, como es el caso de centenares de personas mayores, es "imposible" que esté en mejores condiciones para no necesitarla más.
"La situación no sólo afecta a estas personas, sino también a sus familias, obligadas a compatibilizar sus obligaciones labores con el cuidado de sus mayores, a las empresas que contratan a trabajadores dentro de esta área y a los propios ayuntamientos".
La representante socialista ha acusado además al gobierno del PP de "intentar engañar y confundir mezclando este servicio, de exclusiva competencia de la Diputación, con el Decreto contra la exclusión social puesto en marcha por la Junta de Andalucía, un programa excepcional y temporal".
MOCIÓN AL PLENO
El grupo socialista llevará una moción al próximo pleno de la corporación para exigir al PP que "rectifique y no deje fuera a ningún usuario y para reclamar la convocatoria de una reunión con los alcaldes para que se les informe del nuevo modelo". También pedirá que el área de Familia y Bienestar articule un procedimiento "administrativo y legal" para que los usuarios puedan hacer valer sus derechos para mantenerse en el sistema.
Los socialistas se movilizarán además en favor de estos usuarios y pondrán a su disposición canales para que puedan hacer llegar su situación al gobierno del PP.
En este sentido, el grupo socialista distribuirá una hoja de reclamación a través de la cual los afectados podrán solicitar a la Diputación una comunicación por escrito del acto administrativo que ha dado lugar a la extinción del servicio, la justificación y las razones de ello, así como la revisión y nueva valoración de su expediente.
