El alcalde de Santa Fe (Granada), el socialista Sergio Bueno, ha defendido la legalidad del proceso de contratación temporal de cerca de 200 personas por el que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Santa Fe ha abierto diligencias de investigación penal contra él y le ha citado a declarar como imputado de un posible delito continuado de prevaricación.
En declaraciones a Europa Press, Bueno ha mantenido que todo el proceso "está dentro de la legalidad", incluyendo los requisitos del decreto ley puesto en marcha por el Gobierno para la corrección del déficit público, pues en su momento se solicitó la información necesaria a la Subdelegación del Gobierno y se actuó "de acuerdo a los criterios establecidos".
Al hilo de este asunto ha recordado que el 2012, año en que se produjeron las contrataciones, se cerró con un superávit en las arcas públicas de 1,8 millones de euros.
Asimismo, ha defendido que dentro de esas contrataciones se han incluido programas financiados por el propio Estado, la Junta de Andalucía y la Diputación provincial, de modo que el procedimiento "no tiene nada que ver con lo que está intentando traslucir el PP", ha advertido.
Bueno ha avanzado que se aportará nueva documentación para aclarar la legalidad de esta contratación, que, según ha relatado, ha ido dirigida a personas con problemas económicos y con riesgo de desahucio en un momento "tan complejo como el actual".
El regidor ha sido citado a declarar el próximo 4 de abril por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Santa Fe (Granada) como imputado de un posible delito continuado de prevaricación en la contratación temporal de cerca de 200 personas sin expediente y contra el criterio impuesto por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, "a sabiendas" de que estaba cometiendo una injusticia.
Ese mismo día también han sido citados, para declarar como testigos, a las 11,00 horas, la secretaria municipal del Ayuntamiento, el interventor y un técnico. También los días 7 y 8, el juez ha pedido la comparecencia de otros testigos, entre los que se encuentran los concejales de la oposición.
El juez ha pedido asimismo que la secretaria municipal aporte a la causa la relación de trabajadores contratados temporalmente entre los meses de enero y febrero de 2012, y sus contratos, además de información sobre el procedimiento seguido para su contratación, especialmente si se han cumplido los criterios necesarios de publicidad e igualdad.
Por ello, requiere también el expediente en el que figuren los datos económicos, familiares, sociales "o de cualquier otra índole" que hayan justificado la elección de esa persona "y no de otra" para su contratación; que se informe de si esas contrataciones cumplieron los requisitos del decreto ley puesto en marcha por el Gobierno para la corrección del déficit público; y el decreto que ha amparado esas contrataciones.
FISCALÍA
La apertura de diligencias se ha producido después de que la Fiscalía interpusiera querella criminal contra Bueno por la posible comisión de un delito continuado de prevaricación.
Según consta en el decreto del Ministerio Público, el regidor, "siguiendo un plan preconcebido" realizó, al menos durante los dos primeros meses del año 2012, esa serie de contratos temporales, pese a que la Subdelegación del Gobierno en Granada le alertó de que podía vulnerar el decreto ley puesto en marcha por el Gobierno para la corrección del déficit público (que impedía la contratación temporal), y de que la Secretaría General del Ayuntamiento había emitido un informe en el que advertía de que esa contratación no podía llevarse a cabo.
Así, todas esas contrataciones, en el marco de un plan social de empleabilidad y lucha contra la crisis aprobado por la Junta de Gobierno Local el 30 de diciembre de 2011 --la misma fecha del decreto del Gobierno--, se hicieron, según el fiscal, "sin la tramitación del correspondiente expediente" que acreditara la excepcionalidad de la contratación para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, como establecía el decreto ley del Gobierno.
También se hicieron con "ausencia de todo tipo de expediente instruido al efecto en el área de Servicios Sociales" en el que se hiciera constar los datos económicos, familiares, sociales o de cualquier otra índole de las personas contratadas.
No obstante, "presuponiendo" que se contratasen personas con riesgo de exclusión social, como así aseguró el alcalde, "se desconoce si en la contratación se han cumplido los principios de publicidad e igualdad" exigidos en este caso. Además, esas contrataciones no se financiaron con cargo al presupuesto de gastos, que las habría permitido, y tuvieron informe desfavorable del técnico de Administración General, o sin su dictamen.
Estos hechos podrían constituir un delito continuado de prevaricación porque, según el Ministerio Público, existen indicios de que el alcalde actuó "a sabiendas de la injusticia" que estaba cometiendo, en un decreto firmado por la fiscal jefe provincial de Granada, Ana Tárrago, con fecha 10 de octubre del pasado año.
La denuncia que dio paso a la investigación de la Fiscalía partió del PP, que ya se ha personado en la causa como acusación particular, y que sostiene que Bueno hizo en total 197 contrataciones, en menos de un mes y medio, y además en la precampaña de las pasadas elecciones autonómicas.
