El grupo parlamentario socialista por Granada ha mostrado su satisfacción por la apertura de un nuevo tramo de la autovía A-7, si bien temen que el nuevo trayecto "venga simplemente a desplazar los habituales problemas de tráfico que se viven en la travesía de Torrenueva hacia Calahonda y Carchuna" y ha reclamado la agilización del resto de tramos pendientes.
Los socialistas valoran el avance en esta infraestructura, si bien advierten de que optar por el nuevo tramo de autovía supone duplicar la distancia que los vehículos se ven obligados a recorrer si utilizan la travesía de Torrenueva y la existencia de elevadas pendientes en el enlace con la antigua carretera nacional puede disuadir a los vehículos pesados de utilizar el tramo de autovía.
La diputada socialista Elvira Ramón ha lamentado la extrema "ralentización" que sufren las obras desde que el PP llegó al Gobierno, "ya que el ritmo de ejecución medio es de tres kilómetros al año", algo que para el PSOE compromete la finalización de esta infraestructura en esta legislatura y el cumplimiento de los plazos en un punto tan retrasado como el de Carchuna-Castell.
La representante socialista ha hecho balance de la gestión del PSOE en la autovía y ha incidido que en 2004, cuando su formación accedió al Gobierno central, no había ni un solo kilómetro de autovía en obras. "En los ocho años de Rodríguez Zapatero, se pusieron en servicio cinco tramos y se dejó otro prácticamente finalizado. Además, el Gorgoracha-Puntalón, ha apuntado, se dejó ejecutado en un 70 por ciento. A pesar de ello, el Gobierno ha demorado su apertura e incrementó el plazo de ejecución de 18 a 36 meses".
Los socialistas urgen a que se abra lo más pronto posible el tramo Lobres-Taramay para acabar con los problemas de tráfico tan comunes en la salida de Almuñécar y han reclamado que se pongan los dispositivos necesarios en marcha para amortiguar los problemas de la gran afluencia tanto en este punto, como en el tramo de la A-44 afectado por las obras en el viaducto de Rules.
A RITMO DE ELECCIONES
Por su parte, el senador por Granada Juan Manuel Fernández ha acusado al PP de someter las infraestructuras al calendario electoral y ha afirmado que la autovía "camina a ritmo de elecciones". Según ha destacado, la A-7 estaba ejecutada, cuando llegó el PP al Gobierno, en un 75 por ciento, ya que la mitad estaba abierta y la otra prácticamente al 50 por ciento. "El tramo nuevo, del que sólo faltaba prácticamente el asfalto según ha asegurado, ha estado durante año y medio ralentizado. En este sentido, Fernández ha afirmado que en enero de 2012 se certificó 1.600.000 euros, en febrero de ese año 960.000 euros y en marzo sólo 90,000 euros, sin que se volviese a imprimir ritmo a las obras hasta julio de 2013".
El representante socialista ha puesto de manifiesto el grado de parálisis a través de las cuantías de certificación. Así, ha asegurado que en 2012, se certificó un total de 4.370.000 euros; 2.177.000 en los seis primeros meses de 2013; y entre julio y agosto 6.137.000 euros. "En dos meses se certificó lo mismo que en año y medio", ha apuntado.
Ha criticado además que la ministra "mienta con el precio y que el Gobierno además no pague". En este sentido, ha advertido de que el nuevo tramo está previsto que se termine de pagar en el año 2017.
Por su parte, el secretario comarcal socialista de la Costa Tropical y alcalde de Salobreña, Gonzalo Fernández Pulido, se ha referido a la parálisis de las infraestructuras, en concreto de la A-7 y al perjuicio económico que ello ocasiona en estos momentos de crisis en que las administraciones tendrían que volcarse para terminar obras públicas que están en ejecución y generarían empleo en la comarca.
Fernández Pulido se ha referido en concreto al tramo Taramay-Lobres, al que los Presupuestos Generales del Estado de este año "no destina ni un solo euro", algo que, a su juicio, "está pesando como una losa en los municipios afectados, puesto que no se ha acabado una obra que estaba avanzadísima".
El representante socialista ha recordado que los operarios que trabajaban en el túnel de este tramo fueron despedidos en diciembre de 2012 y no se han vuelto a contratar. En su opinión, el PP ha ralentizado la ejecución del túnel por motivos políticos, para hacer coincidir su terminación con las próximas elecciones municipales.
