El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Granada ha admitido a trámite la demanda interpuesta por el que fuera presidente de Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Granada contra el Ayuntamiento de la capital, al que acusa de cesarle en este puesto a raíz de que pidiera una auditoría interna en el citado tribunal.
En la demanda, a la que ha tenido acceso Europa Press, el denunciante, funcionario de carrera del Ayuntamiento de Granada desde hace 28 años, explica que como miembro del Tribunal Económico Municipal solicitó internamente y por escrito al alcalde que se llevara a cabo una auditoría interna del trabajo de este organismo desde su funcionamiento.
Lo hizo aludiendo a la posibilidad de que se hubiera producido una "desviación de los fines que la Ley asigna a los Tribunales Económicos Administrativos". Se refería concretamente a un supuesto "desequilibrio en la asignación de reclamaciones económico-administrativas que ha derivado --añadía-- en una situación, cuando menos sorpresiva de interés no general por determinados expedientes de cuantía importante".
También alegaba el funcionario una "ausencia de reglas de abstención que obliga la ley, cuando hay proximidad o cercanía con los interesados y/o con sus intereses particulares" y una "falta de respeto institucional" de los órganos cuya actuación es revisada por el citado Tribunal Económico en un "intento de evitar el control de la adecuación a derecho de los actos económico-administrativos".
El por entonces presidente del Tribunal Económico Municipal justificaba asimismo la idoneidad de esta auditoría en la supuesta existencia de "reclamaciones de varios cientos de miles de euros que no se han resuelto" y en "incumplimientos de trámites esenciales en la devolución de ingresos presuntamente indebidos".
Según añade la denuncia, la Alcaldía no ordenó la práctica de esta auditoría que el funcionario solicitó reiteradamente y en un pleno celebrado en junio de 2015, con motivo de la reciente constitución de la nueva corporación local, se aprobó su cese como miembro del Tribunal Económico.
El denunciante considera que ha sido "castigado" por "cumplir con su obligación" sin que su cese responda a ninguno de los supuestos que recoge la ley. Alega que el pleno nombró un nuevo tribunal económico "sin concurso previo" --a diferencia de lo que ocurrió en 2004-- y a propuesta de los grupos políticos, pese a que se trata de un órgano técnico, que según su reglamento, ha de actuar "con independencia e imparcialidad".
Por todo ello, el denunciante reclama que se deje sin efecto el acuerdo plenario por el que se le cesó en el Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Granada y se nombró a nuevos vocales sin concurso previo.
