La Guardia Civil mantiene un dispositivo de vigilancia en el entorno de dos bloques de viviendas protegidas de Loja (Granada) pendientes de adjudicación que han sido ocupadas a la fuerza por catorce familias durante el pasado fin de semana.
Se trata de viviendas de protección oficial pertenecientes a Visogsa, empresa pública dependiente de la Diputación de Granada, que ha puesto los hechos en conocimiento del Juzgado.
Según han informado a Efe fuentes de la Guardia Civil, las viviendas han sido ocupadas desde la noche del sábado pasado por unas 14 familias que han sido identificadas.
A la espera de lo que determine el juez, la Guardia Civil mantiene, en colaboración con la Policía Local de Loja, un dispositivo de seguridad y vigilancia para evitar incidentes, que no se han producido, e impedir nuevas ocupaciones.
La Diputación de Granada, propietaria de las casas, ha informado hoy en un comunicado de que existe un convenio firmado entre Visogsa y el Ayuntamiento de Loja el 14 de septiembre de 2012 -durante el anterior mandato del PP en la institución provincial-, para la intervención en estos bloques, un convenio cuyo cumplimiento, dice, es necesario para la entrega de las viviendas.
"Ante las dificultades del Ayuntamiento de Loja para ejecutar las obras de urbanización establecidas en el convenio, Visogsa se ha ofrecido a actuar y ha propuesto dar respuesta a esta situación, adelantando la ejecución de las obras de urbanización", explica.
La Diputación, que dice haber tomado "desde el primer momento" todas las medidas legales para preservar la propiedad de los inmuebles, mantiene que siguen trabajando para que las viviendas, denominadas El Mantillo, estén finalizadas y puedan ser habitadas con arreglo a la ley y en el marco de la normativa que regula la vivienda protegida.
La institución provincial reconoce la "magnitud del problema de la vivienda en España" y manifiesta su compromiso con las familias de la provincia con dificultades para acceder a una de ellas.
Por su parte, el alcalde de Loja, Joaquín Camacho (PP), ha manifestado a Efe que el Ayuntamiento ha activado a la Policía Local para que vallen el perímetro del recinto y presten su colaboración en el supuesto de que el juez ordene el desalojo.
"Tratándose de un edificio público pagado con el dinero de todos los ciudadanos, es para personas que lo necesitan pero siempre con garantías de igualdad y no a través de una patada en la puerta", ha declarado el alcalde, que ha dicho que están trabajando para "garantizar la seguridad en la zona".
El alcalde, que contactó el sábado pasado con el presidente de la Diputación, José Entrena (PSOE), para abordar el asunto, que avanza hoy el diario Ideal, dice haber echado en falta una mayor actuación por parte de la institución provincial a la hora de "proteger un inmueble que es de su propiedad".
