El juicio del caso Alhambra, que durante tres meses ha sentado en el banquillo a medio centenar de acusados por un supuesto fraude en los accesos al monumento, ha quedado este lunes visto para sentencia, en el transcurso de una sesión en la que algunos de los procesados han hecho uso de la última palabra para declarar su inocencia y su "confianza en la justicia".
Ha sido el caso del guía vinculado a la agencia de viajes Daraxatour, Francisco C.J, al que la Fiscalía considera "figura capital de esta trama defraudatoria". Ha relatado ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Granada la difícil situación que ha atravesado a raíz de esta causa y ha señalado que, precisamente por saberse inocente, rechazó un acuerdo de conformidad que le rebajaba la pena a unos cinco meses de prisión.
Además del uso de la última palabra por parte de los 48 acusados, la última sesión ha acogido la lectura de los cuatro informes finales de las defensas que faltaban, las cuales han solicitado la libre absolución por "falta de pruebas", según han informado a Europa Press fuentes del caso.
La lectura de las conclusiones e informes finales la ha cerrado el abogado Vicente Tovar, que defiende a cuatro guías turísticos a los que sólo acusa la Junta de Andalucía y que ha calificado el juicio como un "atentado al Estado de Derecho" por la "ausencia de pruebas".
Además de ser el "juicio más largo de la historia de Granada, es donde menos se ha hablado de derecho de penal de la historia y el de menos pruebas de la historia", ha agregado. Así, se ha mostrado convencido de que se saldará con una sentencia absolutoria y ha reclamado que en ella conste especificado que los hechos en torno a los cuales ha girado la acusación "no han existido".
Igualmente, ha incidido en la idea de que la Junta de Andalucía ha estado personada en la causa "sin legitimación", en tanto que no contaba para hacerlo con el preceptivo acuerdo del Consejo de Gobierno y ha opinado que los argumentos del auto de la sala que ha legitimado su permanencia en el proceso "no se ajustan a derecho".
La sesión también ha estado marcada por la presencia de varias decenas de guías turísticos que se han desplazado hasta el edificio judicial de La Caleta para mostrar su apoyo a sus compañeros de profesión.
LA FISCALÍA MANTIENE SU ACUSACIÓN
La Fiscalía ha mantenido los cargos contra todos los procesados, exceptuando el hijo del principal acusado, Francisco Javier C.D., que inicialmente fue considerado uno de los cabecillas de esta supuesta trama delictiva destinada y que, al haber tomado la Junta de Andalucía la misma decisión, ha quedado fuera del proceso.
La Junta ha retirado en solitario su acusación contra once porteros al entender que no ha quedado acreditada su participación directa en los hechos.
Los ya 48 acusados, entre los que se encuentran trabajadores del Patronato, guías turísticos y responsables de agencias de viajes, se enfrentan a penas de entre cuatro y nueve años de cárcel por delitos de apropiación indebida, estafa, falsedad en documento mercantil, daños al patrimonio histórico-artístico y cohecho.
No obstante, cuatro de ellos ya ratificaron al inicio del juicio un acuerdo de conformidad que rebaja su pena a entre tres y nueve meses de cárcel.
Uno de estos acuerdos de conformidad fue cerrado por María Pilar A.B., administradora en su momento de la agencia de viajes Washingtong Irving Travel y cuñada del principal acusado. Además de la rebaja de su pena, conllevó la retirada de la acusación para su marido, Juan C.J..
Las defensas han solicitado la libre absolución. El abogado Pablo Luna, que representa al principal acusado, el guía vinculado a la agencia de viajes Daraxatour, Francisco C.J, ha aludido a la posible prescripción del delito de falsedad respecto a su cliente y a la ruptura de la cadena de custodia en la aportación de la documentación. Otra de las partes ha solicitado que la Junta pague costas procesales.
El fiscal del caso Alhambra, Luis Salcedo, ha considerado acreditados los accesos irregulares al monumento; bien con turistas sin entrada, con entrada recortada o accediendo más personas de las fijadas en los tiques.
Acusados y defensas han justificado esta gestión en el llamado 'sistema de compensación', por el que si un grupo de turistas que accedía al monumento era superior o inferior al que fijaba la entrada se compensaba en posteriores accesos, pero sin rebasar el número total de visitantes que podrían acceder al monumento de acuerdo a la normativa.
El fiscal mantuvo no obstante en sus conclusiones finales, que leyó la semana pasada, que, aunque pudiera darse lo que alegan las defensas, este sistema, "se quiebra" cuando entran grupos de turistas sin entrada o cuando la hora de acceso al monumento es "diferente" de la que indica el localizador del billete.
Para el Ministerio Público, en este "caso de corrupción particular" "las cosas son lo que parecen" y todos los casos a los que hace referencia la Policía Judicial en sus informes se refieren a personas "que se han colado" en el monumento.
Así, afirmó que, si buen puede ser que entre los acusados no estén "todos los que son", "todos los que están, son".
En un sentido similar se pronunció la Junta de Andalucía, que ejerce la acusación particular en la causa y consideró acreditado que se ha producido "una alteración" de los flujos de visitantes y el acceso de turistas sin entradas a través de distintas fórmulas y con "total permisividad" de los que ejercían de porteros. Todo ello, en un sistema donde los guías fueron "colaboradores necesarios".
