Cinco personas han sido detenidas y otras cuatro más investigadas en las provincias de Madrid y Granada acusadas de haber cometido un fraude continuado a la Seguridad Social que superaría 1,36 millones de euros, según ha informado hoy la Policía Nacional.
Los arrestados, a los que también se les atribuyen delitos de falsedad documental y pertenencia a organización criminal, se apropiaban de las detracciones de las nóminas de los trabajadores que en teoría estaban destinadas a pagar las cotizaciones sociales.
En agosto del año pasado comenzó la investigación a partir de una denuncia de la Unidad de Coordinación de Lucha Contra el Fraude de la Dirección Provincial de la Tesorería General de Granada.
Los indicios delictivos se detectaron en varias empresas -dedicadas a la compra venta de carne de animales de abasto y a la venta de productos cárnicos-, detallados en un informe, que ha sido elemento clave para la investigación, ha informado la Policía en un comunicado.
A partir de los datos del informe de la Tesorería General y de la información obtenida por los investigadores durante el seguimiento de actividad de las empresas, los agentes comprobaron que utilizaban un sistema de sucesión empresarial para cometer los delitos.
Esta forma de actuar se basa en el trasvase de trabajadores de unas mercantiles a otras, en el uso de domicilios falsos de actividad comercial, la simulación de contratos de arrendamiento de negocios, la carga económica entre activos patrimoniales del mismo grupo, así como de la subrogación fraudulenta de trabajadores entre las empresas, que funcionaban de hecho como grupo empresarial.
En definitiva, con esta práctica, ha explicado la Policía, pretendían eludir el pago de las cuotas a la Seguridad Social.
Además, los agentes descubrieron que el entramado contaba con la colaboración de un economista especializado en la creación rápida de empresas -Self Companies- por 2.000 euros, y que incluían un testaferro, permanecían "dormidas" hasta que terceras personas empezaban a operar con ellas de forma encubierta en el tráfico jurídico mercantil, llevando a cabo actividades ilícitas.
Finalmente las investigaciones revelaron, además de las irregularidades en la creación de empresas, la comisión de una serie de anomalías por parte de los responsables de pagar las cotizaciones sociales.
Las cuotas no se ingresaban en la Tesorería General de la Seguridad Social, por lo que se producía la apropiación indebida de esas cantidades de forma sistemática y prolongada en el tiempo, según la misma fuente.
