Juana Rivas, la mujer que debía entregar hoy a sus dos hijos al padre residente en Italia por orden judicial, no se ha presentado en el punto de recogida de Granada y su abogada, María Castillo, ha asegurado en rueda de prensa que desconoce su paradero y cuál será su actuación a partir de ahora.
Pasadas las 16.30 horas, plazo establecido para la entrega de los menores en el Punto de Encuentro Familiar de Granada capital, la letrada ha admitido en una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Maracena, donde reside Rivas, que esta habría incumplido por tanto el requerimiento judicial, si bien ha insistido en que desconoce la posible "causa mayor".
Castillo ha anunciado que presentará un escrito, avalado por dos nuevos informes sobre la situación de los menores, para lograr la suspensión de la ejecución de la orden judicial, y que llevará el caso ante el Tribunal Constitucional, al que solicitarán amparo.
El padre de los menores, que denunció la sustracción de los niños, se ha desplazado desde Italia hasta el punto en el que debían entregarle esta tarde a sus hijos y lo ha abandonado sin hacer declaraciones a los periodistas a las 16.50 horas, veinte minutos después de la hora fijada al no haberse presentado allí la madre.
Desde el Punto de Encuentro Familiar, dependiente de la Junta de Andalucía, han indicado que pondrán en conocimiento de la juez que no se ha producido el intercambio ordenado.
La titular del Juzgado de Primer Instancia 3 de Granada, que decretó, a instancias de la Audiencia, la devolución de los niños, había fijado además en su providencia que, en caso de que la madre obstaculizara la devolución, el padre fuera auxiliado por el Cuerpo Nacional de Policía.
Fuentes policiales han confirmado a Efe que no han conseguido contactar con Juana Rivas y que, al corresponder a la Guardia Civil la demarcación de Maracena, será el instituto armado a quien corresponda intervenir a partir de ahora en este caso, salvo que la juez determine algún otro tipo de actuación.
Acompañada de la asesora jurídica del centro municipal de la mujer de Maracena, Francisca Granados, y del presidente de la Asociación Pro-Derechos del Niño (Prodeni), Juan Pedro Oliver, la letrada no ha querido revelar, acogiéndose al secreto profesional, las conversaciones mantenidas con Rivas antes de que esta tarde no haya entregado a sus hijos.
Tampoco ha evaluado las consecuencias que podría tener para la madre el incumplimiento de la orden judicial y ha apostillado que dependerá de los pasos que ahora emprenda la representación legal del padre.
Tanto ella como Granados sí se han referido a la reunión mantenida esta mañana con la fiscal encargada del caso y han lamentado que la representante del Ministerio Público no haya querido promover la adopción de medidas de protección frente a los menores.
En concreto, la Fiscalía ha mantenido que debía cumplirse la decisión judicial acordada porque se había producido una sustracción de los dos menores "no autorizada", y porque cualquier decisión sobre la potestad de los niños debe ser adoptada por los tribunales de Italia, país competente por ser el de residencia de los menores.
Según la asesora jurídica del centro de la mujer de Maracena, se trata de un caso de violencia de género, denunciado hace ahora un año por Juana Rivas, en el que los dos hijos también deben ser considerados víctimas y a los que se podría generar un "daño irremediable" en caso de ser devueltos a Italia con su padre.
El progenitor fue condenado en 2009 por un delito de lesiones contra la madre, aunque ella volvió a darle "una oportunidad" y retomaron la relación en Italia hasta que regresó con los hijos a España y, en julio de 2016, lo acusó de malos tratos a través de una denuncia pendiente de ser tramitada ante la justicia italiana.
