La Fiscalía de Granada ha solicitado la pena de siete años y seis meses de prisión para un acusado de estafar más de medio millón de euros a su exmujer ocultándole las rentas de varios locales comerciales que tenían en una sociedad de gananciales y que él siguió gestionando tras el divorcio, después de que fuera condenado por maltrato familiar.
El acusado, Francisco J.P.G., fue condenado por maltrato en mayo de 2010 y el Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Granada dictó la sentencia de divorcio un mes después. Aunque la sociedad que tenía en régimen de gananciales con su mujer estaba disuelta, aún no se encontraba formalmente liquidada y éste la siguió gestionando, según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press.
La pareja tenía en régimen de gananciales varios locales comerciales alquilados en Granada capital y en Armilla y durante un periodo de tres años el acusado hizo uso de sus facultades "de modo torticero", según el fiscal, para embolsarse más de 560.000 euros en rentas que no fueron a parar a la sociedad.
Para lograr su objetivo, supuestamente firmó convenios con terceros que no se ajustaban a la realidad ni en cuanto a las fechas, ni en los importes percibidos o dejados de percibir, lo que ocasionó un "ingente perjuicio patrimonial a la sociedad" y a su exmujer.
Así, ya en las primeras actuaciones encaminadas a liquidar la sociedad, el acusado presentó ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Granada un inventario con datos presuntamente falsos, como la existencia de impagos de alquileres, la cuantía de los mismos, así como rebajas y condonación de pagos que no eran ciertos.
El fiscal matiza que el perjuicio patrimonial causado a la sociedad de gananciales con estos "artificios" y por extensión a la expareja aún no ha podido cuantificarse, al tratarse de rentas que ha percibido pero que el acusado ha ocultado. No obstante, como mínimo serían 560.481 euros, de los que sólo 532.041 corresponden a un local en la avenida Emperador Carlos V.
La Fiscalía le imputa un delito de falsificación de documento mercantil en concurso con un delito contra el patrimonio en su modalidad de apropiación indebida o, subsidiariamente, en su modalidad de estafa. Además de la pena de cárcel, pide para el acusado una multa de 3.246 euros. El juicio se ha fijado para el 17 de octubre en la Sección Primera de la Audiencia de Granada.
