La Policía Nacional ha detenido en Granada a un empresario en una operación contra el fraude a la Tesorería General de la Seguridad Social, en la que hay otros 76 investigados tras una denuncia del Ministerio Fiscal a raíz de un escrito procedente de la Inspección de Trabajo.
Según ha informado la Policía Nacional en una nota, el 'modus operandi' pasaba por "dar de alta de manera ficticia mediante contratos laborales falsos a estas personas".
Mediante un escrito judicial, se solicitó al Grupo de Delincuencia Económica que se identificara totalmente a las personas denunciadas y se practicaran las diligencias de toma de declaración como investigados.
Los hechos, investigados en primera instancia por la Fiscalía y posteriormente por un juzgado de Granada, se basaban en "contratos laborales falsos o simulación laboral con los que se declaraba una serie de jornadas laborales trabajadas que realmente no lo habían sido en el Régimen Agrario de la Seguridad Social".
El objetivo era "obtener así diversos beneficios tales como cobrar la correspondiente prestación por desempleo o conseguir beneficios referentes en materia de extranjería al computarse las altas laborales como tiempo de residencia en el país". El empresario podría haberse beneficiado recibiendo algún pago por parte de los trabajadores.
Al parecer los trabajadores no se identificaban como profesionales para la realización de las actividades para las que eran contratados (podador de olivo, o tractorista, entre otros), no pudiendo alguno de ellos siquiera precisar el trabajo realizado. Igualmente, los trabajadores tampoco podían identificar el centro de trabajo donde supuestamente se habrían prestado los servicios, ni los días en que lo habrían hecho.
Todos los supuestos empleados presentaron en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social el mismo modelo de contrato de trabajo, partes de altas y bajas y recibo de finiquito. Incluso desconocerían la cantidad cobrada por sus trabajos. El empresario tampoco habría pagado las cuotas derivadas de las altas ficticias en la Tesorería General de la Seguridad Social con el consiguiente perjuicio económico a la Seguridad Social.
