El alcalde de Granada, Luis Salvador (Cs), ha recalcado este jueves, ante la apertura de juicio oral en el llamado caso Emucesa, que ahora existe "una nueva etapa en la política" de Granada con un equipo de gobierno que no está afectado por los hechos que se investigan en esta causa sobre supuestas contrataciones irregulares de altos cargos en la empresa gestora del cementerio municipal durante la pasada etapa de gobierno del PP.
Salvador, cuya formación gobierna junto al PP en el Ayuntamiento de Granada, se ha pronunciado de este modo después de que el Juzgado de Instrucción 9 de Granada haya acordado abrir juicio oral contra siete personas en esta causa, entre ellos los exconcejales del PP Eduardo Moral y María Francés, que se enfrentan a una petición fiscal de seis y cinco años de cárcel.
En este asunto, el regidor ha querido "marcar una línea importante", incidiendo en que "estamos ante una nueva etapa en la política de Granada" y argumentando que en esta causa no se está juzgando a personas que forman parte de un partido o de otro, sino "unos hechos concretos que afectan a unas personas concretas" al margen de la formación a la que pertenecieran en aquella etapa.
Tras incidir en que nadie del equipo de gobierno está investigado, Salvador ha mostrado su respeto a la justicia y a sus decisiones, incidiendo en que el Ayuntamiento de Granada colaborará con todo lo que le pidan en esta o en cualquier otro procedimiento judicial.
El resto de los acusados en el caso Emucesa son los trabajadores que supuestamente se beneficiaron de estas 'contrataciones fantasma', para los que la Fiscalía pide penas que oscilan entre los cuatro y los cinco años y medio de prisión por los mismos delitos, mientras que el juez ha decretado el sobreseimiento provisional respecto al gerente de Emucesa, José Antonio Muñoz.
En el auto, el juzgado requiere a los acusados para que en el plazo de un día presten fianzas de entre 32.521 y 286.310 euros que suman casi 650.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que se les pudieran imponer, como indemnización a Emucesa y al Servicio Público de Empleo.
