El secretario provincial de CCOO, Ricardo Flores, ha presentado esta viernes, en la Fiscalía Superior de Andalucía, una denuncia contra el delegado de Educación de la Junta en Granada, Antonio Jesús Castillo, por supuestas irregularidades detectadas en el proceso de escolarización que podrían conllevar la presunta comisión de un delito de prevaricación.
Tal y como establece la denuncia, consultada por Europa Press, CCOO recientemente ha tenido conocimiento de que Castillo ha enviado diferentes "requerimientos por escrito" a los directores de diferentes centros públicos de Loja, en el Poniente de Granada, en los que se comunica que, "ha acordado realizar la agrupación de hermanos que hayan resultado adjudicatarios de plaza educativa en distintos centros escolares" elevando, según hace constar el sindicato, el tope legal de ratio de 25 alumnos por unidad a 27 alumnos por unidad.
Para la responsable de Enseñanza de CCOO Granada, Mercedes Isabel González Liñán, las consecuencias de este requerimiento tienen como resultado el deterioro de la calidad de la enseñanza pública en primer término, y afecta al derecho fundamental a la educación del alumnado ya matriculado con derechos preferentes.
También, según González Liñán, empeora sensiblemente las condiciones de trabajo del profesorado afectado, "circunstancias de las que el delegado es perfectamente consciente, actuando con voluntad y pleno conocimiento en su proceder a pesar de los efectos perjudiciales y contrarios a derecho".
Estos hechos afectan tanto a las condiciones laborales del profesorado, del que, advierte CCOO en una nota de prensa, "se abusa al obligarle a atender a más alumnado del que marca la ley por razones arbitrarias no recogidas en la norma, como al alumnado que ve mermada la calidad de la educación que recibe al tener que estar en una clase saturada más allá de lo legal".
Ricardo Flores, que firma la denuncia presentada ante la Fiscalía con fecha de este viernes, ha insistido en que CCOO exige "el máximo respeto a la normativa vigente" y ha advertido que si se quiere cambiar las normas hay procedimientos parlamentarios para ello.
En este caso, ha explicado que se está contraviniendo la Ley Orgánica que regula un derecho fundamental como es el de la educación, "que no puede ser contravenida a instancias de un delegado".
El procedimiento ordinario de escolarización del curso 2019/2020 ya finalizó en su momento, pretendiendo el delegado, según el sindicato, "de forma extemporánea, introducir modificaciones en las adjudicaciones de las plazas educativas ya asignadas" una vez concluido el mismo, "afectando de forma flagrante a la ratio legal fijada, con el consiguiente perjuicio para el alumnado ya inscrito y para el profesorado asignado a los grupos desde que se inició el presente curso académico".
Por este motivo, el sindicato considera que estos hechos merecen ser investigados por la Fiscalía, ya que ha señalado que la legislación vigente solo permite proceder en estos términos, "de forma excepcional, en caso de ausencia de vacantes en los respectivos ámbitos territoriales, con autorización expresa" de la Consejería de Educación y Deporte como órgano competente.
Todo ello por causas tasadas legalmente, esto es, "por necesidades que vengan motivadas por el traslado de la unidad familiar en el periodo de escolarización extraordinaria, debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres, tutores o guardadores, bien por adopción o por el inicio o modificación de otras formas de protección de menores".
