La interventora del Ayuntamiento de Ronda remitió la pasada semana al Juzgado 2 de nuestra ciudad, encargado de la instrucción del caso Acinipo, el informe solicitado por el fiscal durante su declaración el pasado 17 de abril en torno a la sexta pieza separada de la investigación, referida al pintado de los bloques de pisos de la barriada del Fuerte.

Ese día, el Ministerio Público reclamó información en torno al modo en que se invirtieron las cantidades de dinero provenientes del convenio urbanístico con la promotora de Los Merinos, tras que los investigadores policiales mantuvieran la hipótesis de que parte del dinero pudo no haberse fiscalizado, e incluso dejado de tributar el IVA. En su declaración, la técnico municipal dijo que se encontraba en condiciones de aportar al juzgado un informe contable, justificativo de esos ingresos y salidas de dinero con cargo al patrimonio municipal del suelo entre los años 2006 y 2010. Dicho documento, al que ha tenido acceso RONDA SEMANAL, es contundente, y justifica todos esos ingresos por la enajenación de los aprovechamientos urbanísticos y su posterior destino o aplicabilidad contable.

El escrito aportado al juzgado detalla los ingresos en cuenta bancaria, especificándose además el uso dado a los mismos, bien mediante su aplicación directa al presupuesto o mediante la generación de distintas modificaciones de crédito. La interventora asegura que “todos los ingresos recibidos han sido declarados puntualmente en cada ejercicio económico en su liquidación anual de IVA”, aclarando además que la contabilidad separó la base imponible de dichas cantidades, “que va directamente a presupuesto” y el IVA, “que va directamente a las cuentas no presupuestarias” específicamente destinadas a estas cantidades, para su posterior liquidación a la Hacienda Pública.
El informe concluye que, del total de los ingresos de Merinos referenciados, 12.214.515,54 euros constituyen la base imponible y 1.999.128,93 al IVA.

Fuentes jurídicas consultadas por RONDA SEMANAL han indicado que la intención del Ministerio Público al solicitar dicho informe pudo ser la comprobación de si con el convenio urbanístico se acabó pintando el resto de edificio de El Fuerte que son objeto de la investigación; tal cosa, en cualquier caso, sería completamente legal, relataron las citadas fuentes, al tiempo que indicaron como la interventora, con este informe, viene a ratificar que todos los asientos e inversiones, así como los propios trámites del convenio con Merinos y sus ingresos fueron legales.

Pese al relatado episodio tras las declaraciones del pasado abril, el objeto fundamental de investigación de la citada pieza separada es conocer si el ex alcalde Antonio Marín Lara dirigió la contratación del pintado para evitar el concurso de empresas. Los investigadores recelan además del pintado de edificios que no son propiedad municipal.