El impago del alquiler por un inquilino es una situación que se ha vuelto aún más común como consecuencia de la pandemia. Según un informe del Consejo General del Poder Judicial, la provincia de Cádiz en el primer trimestre de este año, aumentó un 92% el número de ocupación de viviendas. Sin embargo, las ejecuciones forzosas de las sentencias para los desahucios no han sido correlativas a la demandas. En Cádiz, los derivados de las rentas por el impago del alquiler se redujeron un 3%. Un retraso que hace que se postergue la recuperación de la vivienda si así lo determina el juez.
Es una espera más larga para quien, su casa, y con ella, su estabilidad económica penden de un hilo debido a los retrasos en la cadena judicial. Es el caso de Rocío, quien nos cuenta en una entrevista, que está a punto de quedarse en la calle si los trámites no se agilizan y vuelve a su casa. Tiene la mirada nerviosa y sus ojos transmiten la preocupación en la que se ve sumida desde hace un año. Rocío era vecina de la barriada de San Antonio, concretamente de la calle Cristobal Colón donde tiene un piso en propiedad. Hace un año, Rocío decidió dejar de vivir allí para ponerlo en alquiler y cobrar así mensualmente el pago correspondiente. A través de un corredor, Rocío encontró a su inquilino, quien certificaba una nómina y un contrato fijo, por lo que empezó en el mes de junio a vivir allí. Sin embargo, la satisfacción de arrendar su piso tan sólo le duró a esta vecina un mes. El contrato que habían firmado ambos, Rocío y el inquilino, que contemplaba una duración de 11 meses, se empezó a incumplir en el segundo mes cuando el inquilino dejó de pagar la mensualidad así como los suministros en el segundo mes de contrato.
A partir de este momento comienza el calvario de Rocío, una maraña legal y económica a la que no ve el fin. Según la legislación española, por impago de un mes, el propietario puede demandarla resolución del contrato por falta de pago. Así hizo Rocío quien, al ver que seguían sin pagar, mandó un burofax para notificar la disolución del contrato. Ante los oídos sordos de los inquilinos, la vecina interpuso una demanda de desahucio aunque esta lamenta que haya tenido que ser retrasada un par de ocasiones, siendo la última este mes de junio hasta septiembre.
Un situación “insostenible”
Rocío lamenta que esta situación es “insostenible” para ella que se considera una persona vulnerable y, ahora que desea volver a su casa al carecer de ese pago con el que contaba al alquilar el piso, se le hace más urgente recuperar su vivienda de Cristobal Colón. Rocío lo ha intentado por la vía humana, hablando con ellos, pero lamenta que ha sido amenazada por el inquilino por acoso y en más de una cocasión han respondido a la propietaria insistiendo en que “no les moleste” diciendo que “ya pagarán”.
Para más inri, hace unos meses, Rocío recibió una llamada de la Policía Local a través de la cual conoció que tanto el inquilino como otra persona más se habían empadronado en su vivienda. Esta roteña, además, ha apuntado que esta persona entregó para alquilar el piso una nómina falsa y mintió, dice Rocío, acerca de las personas que iban a vivir en la casa. Dijo al principio que serían él y dos hijos y, finalmente, por lo que ha podido saber a propietaria, se trataría ahora de hasta cinco personas. En total, Rocío ha calculado que el coste de los suministros desde que dejaron de pagar supera ya los 400€. Por esta misma razón ha sido denunciada Rocío en el día de ayer. Según la denuncia, la propietaria les habría cortado los suministros, mientras que lo que asegura esta es que no puede pagarlos.
A la espera de ayudas sociales
El juicio, que tenía previsto que fuera este mes de junio, no tendrá lugar hasta después de verano ya que ha sido aplazado a septiembre. Rocío, a pesar de todo, no las tiene todas consigo. Dice que el certificado de vulnerabilidad atribuido a los inquilinos podría ser un condicionante en el juicio para que no tuvieran que proceder al desahucio. Contando los días para que se celebre, Rocío se encuentra desesperada y ha acudido la delegación municipal de Servicios Sociales en busca de una solución y consultar la posibilidad de habitar una vivienda social. Ha pedido una ayuda pero desconoce si finalmente se le concederá. En una entrevista con este medio, pide al Ayuntamiento que de una solución de vivienda a esta familia para poder recuperar su casa.
Rocío forma parte ahora de una asociación a nivel nacional que asesora afectados por casos de impago, por lo que se siente acompañada frente a esta situación que, asegura, cada día que pasa le pesa más. Tiene ahorros y trabaja de forma temporal en la localidad pero no es suficiente. "Es mi casa y la quiero ya", clama. Se queda sin tiempo y Rocío necesita volver a su casa ya que no contempla pedir seguir pidiendo favores a amigos o familia quedándose en sus casas a vivir por mucho tiempo más. Siente que está sufriendo un perjuicio del que nunca será compensada aunque mantiene la esperanza de que “se haga justicia pudiendo recuperar su casa”.
