El gobierno municipal ha reaccionado a las últimas declaraciones que realizaba este martes el delegado territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Cádiz de la Junta de Andalucía, Óscar Curtido, cuando aseguró que el planteamiento que la Junta había puesto encima de la mesa en relación con el asunto de la forestal, en ningún momento pasaba porque la Administración Autonómica se apropiara de terreno municipal.
A modo de respuesta, el primer teniente de alcalde y delegado de Patrimonio dice que parece que el delegado usa un “expediente virtual que no se corresponde en absoluto con la documentación que han enviado al Ayuntamiento. Dice que los documentos remitidos están a disposición de todos los grupos políticos para debatirlo en la siguiente sesión plenaria”.
“Más que un desmentido parece que el Sr. Curtido pretende dar marcha atrás rectificando el despropósito inicial, y para ello no ha tenido más remedio que incurrir en múltiples contradicciones que evidencian la falsedad de sus palabras”. Este argumenta que, cuando el delegado territorial dice que la propuesta inicial no implicaba un cambio de titularidad, sino una regularización catastral, “lo que hace es hacer un juego de palabras” porque explica, decir que se va a hacer una regularización catastral es un cambio de titularidad de parte del suelo que ahora es de propiedad municipal e insisten en que plantean la apropiación de suelo municipal.
Acusan a la delegación territorial de contradicciones en sus argumentos
Desde el gobierno creen que Curtido “falta a la verdad” porque “dice que no quiere apropiarse de ningún terreno municipal, pero acto seguido reconoce que la propuesta autonómica sí afecta a dos parcelas municipales y a 2.407 m2 de esas parcelas que se quieren incorporar a la parcela de la Junta de Andalucía”.
Además, insisten en que esta premisa tampoco es cierta, porque junto con el informe de conformidad gráfica que el delegado territorial quiere que firme el alcalde, se adjunta un informe de validación gráfica emitido por Catastro de cómo repercutiría esa delimitación planimétrica que había dibujado la Junta a las parcelas catastrales actuales. “Las parcelas afectadas no son 2, sino 8, las 2 propiedad de la Junta de Andalucía, y las 6 propiedad del Ayuntamiento, por tanto segunda gran contradicción”. Interpretando, según el gobierno municipal, los folios 7 y 8, también del informe de Catastro, la planimetría propuesta por la Junta evidencia que las parcelas del Ayuntamiento quedarían con una superficie menor que la que determina el título de propiedad del Ayuntamiento. Por lo que, si se acepta esta delimitación, las parcelas municipales perderían 5.445 m2, que se incorporaría a las parcelas propiedad de la Junta de Andalucía, dicen desde el gobierno municipal.
“Si el Sr. Delegado Territorial considera que esto no es apropiarse de superficie de terreno municipal, no sólo como lo califica. Pero es que, como cualquier ciudadano puede entender, precisamente por este perjuicio que le supone a las parcelas municipales, es por lo que Catastro exige que sólo se llevará a cabo dicha alteración si está conforme el Alcalde. Nadie puede tragarse que el Alcalde tuviera que firmar una depuración catastral si ninguna de las fincas municipales resultara afectadas por la misma”, apùntan y justifican el informe improcedente por parte de los técnicos municipales.
Desmienten que el Ayuntamiento tuviera que presentar una documentación añadida
Por otra parte, el delegado de Patrimonio mantiene que tampoco es cierto que se emplazara al Ayuntamiento a que presentara acreditación suficiente de la argumentación y una propuesta de delimitación concreta, como desde la delegación se manifestó en nota de prensa y cita un oficio emitido por la Junta al Ayuntamiento el día 2 de febrero de 2023, en el que se dice que “en ese encuentro se acordó que ambas partes estudiarían la documentación y elaborarían una nueva planimetría con objeto de avanzar en el acuerdo entre ambas administraciones”.
A lo que explican que, desde el gobierno municipal se mantiene abierta la vía de colaboración con la Junta de Andalucía, “siempre que el propósito no sea perjudicar los intereses patrimoniales del municipio”, aunque lamentan y recuerdan a Curtido que el Ayuntamiento “ha mantenido todas estas actuaciones en la más absoluta discreción, y que ha sido él, el que ha roto la comunicación institucional haciendo público un requerimiento con el único propósito de dar una imagen distorsionada a la ciudadanía para que piensen que es el Ayuntamiento quien está poniendo trabas”.
