El pasado mes de diciembre el PSOE de Rota denunciaba públicamente el acuerdo adoptado por el equipo de Gobierno local para que el Ayuntamiento asumiera el pago de los abogados de la alcaldesa María Eva Corrales, y del exalcalde, Lorenzo Sánchez, en dos de las cuatro causas judiciales que en estos momentos están abiertas en los Juzgados de Instrucción de Rota, y en las que se investiga si ambos responsables políticos han podido cometer actos delictivos en el ejercicio de su cargo. Un acuerdo que suponía un gasto para las arcas públicas de más de 17.000 €, y contra el cual el grupo socialista presentó recurso en vía administrativa ante lo que entendían que era un acuerdo completamente ilegal, siendo sin embargo desestimado por el gobierno de PP y Roteños Unidos.
Según argumentaba el PSOE, “hay que esperar a las resoluciones judiciales que pongan fin a los procedimientos penales, y mientras esto no ocurra, lo aprobado por la Junta de Gobierno es ilegal, toda vez que los únicos acuerdos dentro de la legalidad serían: o bien que el Ayuntamiento no asuma dichos costes y si luego los imputados resultaran inocentes entonces indemnizarlos; o bien que el adelanto de ese dinero hubiese quedado condicionado a que si los imputados resultaran condenados reintegraran al Ayuntamiento todo el dinero gastado indebidamente”.
Ante la desestimación de dicho recurso, al PSOE de Rota tomó la decisión de acudir a la vía judicial, mediante la interposición de un recurso contencioso-administrativo que se ha admitido a trámite por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Cádiz, reclamando este Juzgado al Ayuntamiento el expediente administrativo íntegro, y estándose a la espera de que se celebre el juicio correspondiente.
Sin embargo, para sorpresa de los socialistas, el equipo de Gobierno acordaba nuevamente el pasado mes de abril que el Ayuntamiento asumiera también el pago de los abogados de los nuevos políticos imputados en el conocido como “caso de los uniformes”, "sin ni siquiera contemplar el importe económico de dichos costes, los cuales podrían ascender a cantidades similares a los 17.000 € ya aprobados". Algo que según los socialistas "es injustificable", y por tanto están ya elaborando el escrito para la ampliación de la demanda presentada en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
El PSOE entiende que este nuevo acuerdo es "una prueba más del desprecio con el que el actual equipo de gobierno de PP y RRUU gestiona el dinero de todos los roteños. Es un acuerdo que perjudica gravemente los intereses generales de todos los ciudadanos, por lo que vamos a intentar evitar por todos los medios que no se produzca este nuevo atropello al dinero de todos nosotros”, según comenta el Secretario General del PSOE local, José Javier Ruiz Arana, “sobre todo teniendo en cuenta que en días recientes se ha conocido una sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Santiago de Compostela, por la que se condenan a siete concejales del Partido Popular por un delito de prevaricación precisamente por acordar que el Ayuntamiento de ese municipio pague la defensa de un concejal imputado en el denominado Caso Pokemon”.
Según los socialistas, esta sentencia no hace sino avalar lo que siempre han venido defendiendo, y es que el Ayuntamiento no puede costear sin condición alguna los gastos de defensa de unos cargos públicos que se encuentran imputados en varias causas de corrupción; “la sentencia deja claro que estos acuerdos además de ser ilegales, podrían ser delictivos”. De hecho, la fiscal de dicho caso alegó precisamente que el Gobierno local sabía que la defensa del edil solo podía costearse con dinero público cuando se diesen los supuestos establecidos en su día por el Tribunal Supremo, es decir, que el imputado resultase absuelto, que la inculpación tuviese su origen en una actuación administrativa en el cumplimiento de sus funciones como ediles, y que dicha intervención no implicase desviación de poder.
El fallo sostiene que los ediles “acordaron comprometer al presupuesto municipal el pago de una representación letrada, sobre la defensa de un concejal imputado por actividades presuntamente delictivas en contra del propio ente administrativo, siendo plenamente conscientes de que no concurrían los citados requisitos, pues conocían perfectamente que el concejal imputado lo estaba por varios delitos de corrupción", lo cual, según el PSOE, desmontaría los argumentos esgrimidos en su día por el concejal Óscar Curtido, justificándose en que dichos acuerdos eran "completamente legales".
