Padres del C.E.I.P Camposoto denuncian trato discriminatorio hacia los niños con necesidades especiales del colegio. Una alumna que sufre trastorno del espectro autista (TEA), no podrá asistir a una excursión programada para el próximo 27 de marzo porque el contrato del personal técnico de integración social (PTIS) del centro no alberga las horas de la actividad - programada para terminar a las 17:00 de la tarde. La visita excede las horas estipuladas en el contrato de la trabajadora, que no recoge este tipo de acontecimientos, ya que en el acuerdo del mismo solo están cubiertas las horas del horario escolar. Los padres, a través de un escrito enviado a Inspección Educativa y a Orientación Educativa en Cádiz han solicitado los medios necesarios para favorecer la integración del alumnado con necesidades educativas especiales en las actividades organizadas por el Centro, según recoge la Ley de solidaridad en la educación. El documento firmado y puesto en conocimiento de las autoridades educativas por parte de los progenitores ha sido en vano, debido a que no ha existido ninguna respuesta al mismo.
“La única solución que se ha formulado por parte de SAMU, la empresa que se encarga del servicio prestado por parte de estos técnicos ante esta problemática, es insuficiente”, denuncia la madre de la menor afectada. “Se nos ofrece quitarles horas de su horario lectivo para pasarlo al horario de la excursión. Eso, obviamente, no nos conviene, porque quedará desatendida durante algunas horas de clase”, afirma Sandra.
La labor que ejercen estos trabajadores sociales en el transcurso de la cotidianidad de las clases es de vital importancia. Estos monitores se encargan de atender y promover la integración de los alumnos con discapacidad motora, intelectual, del lenguaje, auditiva, visual, trastorno del espectro autista (TEA) o trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH). El trabajo tan loable y comprometido que realizan en el ejercicio diario de sus quehaceres no está tan reconocido como debiera. Los trabajadores de este gremio tan poco valorado a nivel institucional están externalizados a través de empresas privadas que tienen la concesión del servicio, bajo las condiciones marcadas por la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) y están amparados por el XV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad.
El próximo 28 de marzo, el comité de empresa del colectivo de la provincia de Cádiz ha convocado una huelga, en pro de garantizar el cumplimiento del convenio anteriormente mencionado y en la búsqueda de volver a ser declarado como un servicio esencial – desde mayo de 2021 están recogidos como un servicio complementario; por esta razón es un servicio externalizado. En Cádiz, hay un total de 216 trabajadores (el 92% son mujeres) que secundarán el paro.
Raúl Martínez Sánchez, presidente del Comité de PTIS Cádiz, denuncia impagos en ciertos períodos de las nóminas por parte de la anterior empresa adjudicataria del servicio. Actualmente, también recalca que existen incumplimientos del convenio en cuanto a la fecha del abono de las nóminas y la falta de garantías sobre el pago de los períodos vacacionales del próximo verano. “Lo único que exigimos es el cumplimiento del convenio y el compromiso firme por parte de SAMU para solucionar la problemática. Solicitamos a la Junta de Andalucía mediante la APAE que sea garante del servicio y que vigile a las empresas para que cumplan con las obligaciones que estas tienen con sus trabajadores”, sentencia.
