Ruido del trasiego constante de camiones descargando escombros; rastrojos quemados a cada cuatro pasos; restos de botellas y vasos vacíos que denotan la celebración de botellonas de vez en cuando; frondosa vegetación que apenas permite avanzar por su interior; muros derribados; tanques de una considerable profundidad en el suelo de la antigua actividad industrial llenos de escombros; y restos de basuras en cada rincón por el que se pasa. Es el panorama que se puede contemplar a día de hoy en los terrenos donde se asentó la extinta e histórica Fábrica de San Carlos.
Poco queda de una zona industrial que fue santo y seña de San Fernando durante muchos años y que, por mor del destino, tuvo que cerrar sus puertas. Desde el año 1999 las disputas políticas, los pulsos entre administraciones, los requisitos urbanísticos (PERI y modificaciones puntuales a la orden del día) y la firma de un convenio con condiciones leoninas para el Ayuntamiento isleño con Sogescar que pesa como la espada de Damocles, han lastrado el desarrollo de una zona que está predestinada a convertirse en suelo para uso residencial, compatible con usos comerciales y terciarios. Al menos esa es la intención.
En los últimos meses parece que todo esto se ha acelerado tras las buenas relaciones que parece que existen ahora con el Ministerio de Defensa, y que sólo queda que la Consejería de Medio Ambiente dé el visto bueno definitivo a la modificación puntual que permitirá cambiar su actual uso de industrial a residencial.
Es de suponer que, a la espera de este último trámite, todo cuenta ya con el beneplácito de todos los técnicos, administraciones y ministerios habidos y por haber para que, de una vez por todas, Sogescar, que fue la que puso sobre la mesa los 1.900 millones de las desaparecidas pesetas que fueron necesarios para liquidar a todo el personal de FSC, se ponga manos a la obra y desarrolle dichos terrenos. En ellos se contempla un techo de edificabilidad de 104.500 metros cuadrados; una densidad de 65 viviendas por hectárea, que se traduce en más de 860 viviendas; usos compatibles y terciario; y una reserva de VPO para el 30 por ciento de la edificabilidad residencial, no menor a los 25.077, 30 metros cuadrados y a las 258 viviendas.
¿Las condiciones idóneas?
Ahora bien, todo ello sobre el papel, pero la realidad es saber si la coyuntura económica y el grado de hundimiento progresivo que vive el sector del ladrillo, van a permitir que todo ese amplio proyecto se plasme sobre el terreno en un espacio no demasiado amplio de tiempo. Y es que, en caso contrario, el deterioro que ya de por sí padecen los terrenos se puede ir acrecentando con el paso de los años.
Todo ello amén del grave peligro que es latente de que todo el pasto que allí ha ido creciendo durante la última década representa un grave riesgo de incendio de grandes dimensiones, con las consecuencias que ello podría suponer para las promociones de vivienda aledañas, que poco a poco han ido poblando en los últimos años una de las pocas zonas de crecimiento que le queda a una ciudad, ahogada por las limitaciones que padece debido al Parque Natural y también por el amplio espacio ocupado por los equipamientos militares.
Por lo tanto, y a la vista de las pruebas visuales que son más que evidentes y que basta con darse una vuelta por allí, los terrenos de Fábrica de San Carlos precisan más que nunca de un rescate por parte de todas las partes implicadas.
En cuanto al convenio con Sogescar -sociedad que está coparticipada en un 75 por ciento por Unicaja y el 25 por ciento por parte de la Empresa de Suelo Isleña-, hay que reseñar que este mes de septiembre cumple su vigencia, pero para conocer un poco más de su contenido hay que echar la vista atrás.
El 26 de abril de 2001 el Pleno aprueba por unanimidad el convenio urbanístico para el desarrollo de los suelos incluidos en el ámbito de San Carlos y el 8 de agosto de ese mismo año, la sociedad de capital mixto Sogescar formaliza las escrituras de compra, con la garantía institucional ofrecida por toda la Corporación, pagando 1.900 millones de pesetas por los terrenos.
El 22 de diciembre de 2002 se lleva a Pleno el acuerdo sobre modificación del PGOU en el ámbito de Fábrica San Carlos. Con ese paso se formalizaba el compromiso institucional con la compradora de los terrenos, Sogescar. Sin embargo, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista votan en contra incumpliendo su compromiso de los años 2000 y 2001 para que los trabajadores cobrasen, fuese como fuese, tras el cierre de FSC en 1999.
Socialistas y populares utilizaron los suelos industriales de Fábrica San Carlos de forma descarada en la campaña electoral de 2003, prometiendo que no seguirían adelante con el trámite de modificación del PGOU y que buscarían compradores dispuestos a mantener el uso industrial del suelo.
Esa postura, tras las elecciones en las que el PA perdió la mayoría absoluta, se convirtió en rechazo plenario el 30 de octubre de ese mismo año, cuando el PSOE apoyó al PP en una moción por la que pedían un plazo de dos años, hasta 2005, para encontrar inversores que devolvieran la actividad industrial a los suelos de la antigua Constructora, aprovechando la vigencia del acuerdo con Sogescar sobre el tiempo en que el Ayuntamiento tardaría en recalificar el suelo.
Para entonces, los 1.900 millones de pesetas se habían convertido en euros y al dinero inicial se habían sumado los intereses y otros gastos, de manera que a fecha del 30 de septiembre de 2003, lo que los inversores que hicieran caso a la llamada de PP y PSOE tendrían que desembolsar ascendía a 12,8 millones de euros.
Tras los “fracasos”
Los dos partidos de la oposición apuraron todo el crédito que se habían concedido para terminar reconociendo que se habían equivocado, aunque el Partido Popular intentó enmascarar esa equivocación diciendo que se habían añadido 200.000 metros más de suelo industrial en los alrededores de Fadricas que, por cierto, al día de hoy siguen sin ser productivos industrialmente.
En toda esta operación electoralista de socialistas y populares se habían perdido dos años, habían aumentado los intereses sobre la deuda con Sogescar y no habían tenido más remedio que transigir, además de porque ningún inversor estaba dispuesto a pagar casi 13 millones de euros por unos terrenos aislados de todas las vías de comunicación, porque el informe de la Secretaría General del Ayuntamiento dejaba claro que incumplir el acuerdo plenario con Sogescar conllevaba el pago, por parte del Ayuntamiento, de todo el dinero, en metálico o a través de suelo municipal en otras zonas de la ciudad, con la misma edificabilidad concedida en el convenio firmado en 2001.
Y es que -y en este caso los malos gestores fueron todos, incluidos los andalucistas- el convenio con Sogescar no era un convenio cualquiera. Unicaja y Esisa habían puesto el dinero bajo unas condiciones tan leoninas que incluso en el caso de que la recalificación de industrial a residencial no pudieran llevarse a cabo porque el suelo afectara a la defensa nacional, el Ayuntamiento tenía que satisfacer la edificabilidad donde pudiera o pagar lo estipulado.
El Ayuntamiento, desde que se firmó el convenio con Sogescar en abril de 2001, tenía 48 meses de plazo tramitar y recalificar los terrenos -de ahí la fecha de 2005 de la moratoria a que obligaron PP y PSOE en 2003- y otros dos años para transmitir los terrenos a la compradora. A partir de ese momento comenzarían a pedirse las indemnizaciones.
Buena voluntad
Ni que decir tiene que lo peor no se ha cumplido, en parte por la buena voluntad que ha demostrado hasta ahora Sogescar, que no ha querido hacer valer sus derechos aunque ha podido hacerlo y de hecho, el último trámite para recalificar los suelos, en el mes de julio de este año, se ha hecho de urgencia una vez que el convenio cumple en septiembre y estando las cosas como están nadie se fía de por dónde puede salir una empresa, aunque sea una caja de ahorros, necesitada de fondos.
El PA siempre se miró en el espejo de La Casería
Las vicisitudes del PERI de Fábrica de San Carlos, necesario para sacar provecho a la calificación en residencial mediante un instrumento urbanístico que no precisara de la aprobación de un nuevo PGOU (que por cierto todavía no ha recibido el visto bueno de la Junta), fueron el resultado del planteamiento tozudo del Partido Andalucista de copiar la milímetro en Fábrica de San Carlos el desarrollo urbanístico que había desarrollado en el sector I de Casería Norte, donde se llegaron a construir tres de las siete torres que en un principio se habían previsto.
Los distintos informes sectoriales de Defensa sobre ese modelo y lo que suponía en materia de seguridad para la población militar de San Carlos obligando a ir retrocediendo al PA en sus planes urbanísticos iniciales, que pasaban por construir once torres en FSC y colmatar la zona de viviendas y más viviendas en altura. El resultado final de todos los recortes a los que obligó el Ministerio al Ayuntamiento ha sido la construcción de una única torre que tendrá uso hotelero a cien metros de distancia de la población militar, mientras que la gran mayoría de viviendas se concentrarán en bloque de escasa altura.
A todos estos retrasos de los informes desfavorables de Defensa se unió aquel ‘lapsus’ que sufrió la que fuera directora general de Infraestructura por aquel entonces, Mónica Melle, quien dijo a los técnicos municipales que ya no se iba a construir un helipuerto en la zona y llevaba dos años construyéndose. Algo clave en el visto bueno final.
