El alcalde de San Fernando tiene en sus manos dos posibilidades a la hora de solucionar el problema con el servicio de limpieza -recogida y limpieza viaria- una vez que se ha reunido toda la documentación que acredita los presuntos incumplimiento de la plica por parte de Urbaser.

La primera de ellas es entablar un largo pleito con la concesionaria, una gran empresa acostumbrada a ese tipo de situaciones habida cuenta de las muchas denuncias que acumula, que terminaría dándole la razón a la parte que mejor documentación aporte, aunque para eso tendrían que pasar varios años hasta que finalizar el litigio.

El problema de esta opción no es sólo que se pierda el pleito, en su totalidad o en parte, sino el tiempo perdido que podría impedir incluso que otra empresa se hiciera cargo del servicio, como se pretende, al día siguiente de finalizar la actual. Y en el caso de que lo hiciera por la fuerza, no sería deseable que las consecuencias llegaran luego, incluso con la exigencia de la concesionaria de indemnizaciones millonaria por la retirada del servicio, en función de la sentencia que se obtuviera.

El riesgo, pues, de la denuncia de un contrato es más cuando el Ayuntamiento  no está en condiciones económicas para abordar un rescate propiamente dicho de la concesión, que sería lo más rápido pero lo más costoso.

La otra opción es llegar a un acuerdo entre las partes, habida cuenta de que el Gobierno municipal ya tiene claro -después de que la empresa no contemple adaptarse a las exigencias municipales- que Urbaser no será la nuev a concesionaria.

El punto de partida de la solución puede darse antes de final  de mes, cuando el Gobierno municipal espera aprobar la nueva plica que se adapte a las circunstancias actuales, y también cuando se apruebe por el Pleno el expediente a la empresa por los incumplimientos señalados en el informe presentado por  Sostenibilidad Ambiental.

Lo que sí está claro es que una vez que el Pleno se pronuncie al respecto -y lo hará de forma afirmativa independientemente de que no  sea unánime si la oposición se abstiene- el proceso no tiene vuelta atrás, por lo que las soluciones intermedias deberían de darse antes de que se llegue a ese punto de no retorno.

El gran problema que se plantea es que las administraciones no pueden llegar a acuerdos que sobrepasen la estricta legalidad y las cartas de Sostenibilidad Ambiental, detonante de la actual situación, dejan poco recorrido a una salida negociada.

Tendrá que ser la pericia del alcalde -que se le supone- la que ayude a salir de un atolladero que terminará con una situación con la que ni el Ayuntamiento de San Fernando ni la empresa concesionaria están contentos. Y ya hay un punto en común.