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Jueves 14/11/2024
 

San Fernando

Un sentencia del TS deja en el aire las oposiciones para la Policía Local

El Ayuntamiento sigue adelante con el procedimiento a la espera de las instrucciones de la Junta tras fallar que se declara nulo fijar una edad máxima de 35 años.

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Atado de pies y manos. Así se encuentra el Ayuntamiento isleño ahora mismo a la espera de que la Junta se pronuncie sobre la última sentencia del Tribunal Supremo, contra la que no cabe ya más recurso, que suspende el límite de edad de los 35 años para presentarse a las oposiciones de la Policía Local en la comunidad autónoma. En este sentido, cabe recordar que salieron diez plazas de libre acceso para las que optan cerca de un millar de personas en el caso de las oposiciones de San Fernando.

En las bases aprobadas por el Ayuntamiento isleño se estableció ese límite de edad de 35 años en virtud del artículo 18.1.b) del Decreto 201/2013 aprobado por la Junta de Andalucía.

Sin embargo, la sentencia dictada el pasado mes de febrero por parte del Tribunal Supremo contra un segundo recurso de casación presentado por la Junta de Andalucía por unas oposiciones de Sevilla elimina dicho límite de edad al entender que, entre otras cosas, se puede establecer un tope de edad pero siempre que se haga a través de una norma con rango de ley en base al Estatuto Básico del Empleado Público, algo de lo que carece el Decreto 201/2013.

Así las cosas, el Ayuntamiento ha decidido tirar para adelante con las oposiciones pese a tener conocimiento de la existencia de la citada sentencia del TS. Es más, en estos momentos se está en la fase de requerimiento de documentos a los opositores.

Escrito a López Gil

Pero mientras el procedimiento sigue su curso, el Gobierno local ya ha remitido un escrito al delegado de Gobierno en la Junta, Fernando López Gil, al objeto de haya un proceso de instrucción por parte de la Junta en el que se indique exactamente qué pasos se deben de seguir tras la aparición de esta sentencia que, no cabe la menor duda, sienta jurisprudencia.

La cuestión es saber qué puede ocurrir si la Junta sigue dilatando en el tiempo su respuesta o, mejor dicho, puede que todo se quede paralizado y haya que empezar el proceso de cero. Ese es el qui de la cuestión y lo que está deseando conocer el Gobierno municipal para saber a qué atenerse.   

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