Más de 500 familias de las provincias de Cádiz y Huelva han decidido presentar en Europa sus quejas contra el Estado Español ante el abandono que como víctimas del robo de recién nacidos están sufriendo. Se trata de familias que han denunciado la sustracción de sus hijos y hermanos en Hospitales y Clínicas tanto públicos como privados de ambas provincias, dos de las más afectadas por ratio de habitantes de toda España.
Las dos asociaciones denunciantes reclaman en el día de hoy el abandono y desamparo por parte de la Justicia Española, y hacen referencia a la desigualdad territorial por la que están atravesando, a diferencia de otras ciudades, haciendo hincapié en la problemática existente en dichas zonas, en las que se han dejado de investigar los procedimientos judiciales tras la unificación de criterio a través de un pleno extraordinario en 2012 por parte de ambas Audiencias Provinciales.
"En concreto se está adoptando un criterio interpretativo de los artículos del código penal español en relación al instituto de la prescripción absolutamente contrario al espíritu de la norma, a los efectos de poder cerrar y dejar de investigar cientos de casos que podrían constituirse como delitos de lesa humanidad, así como de comprobar una teoría absurda, ilógica, que no se aplica al delito de detención ilegal genéricamente, sino sólo a los casos de bebés robados, además de infringir el principio del derecho español de prohibición de analogía e interpretación de las normas penales", dice el abogado de la asociación, Alberto Prián.
Asimismo, "asegurar con esta actuación no investigar si realmente nos encontramos ante una trama organizada. Ese es el motivo por el que apelamos a la Justicia Europea con el fin de que se restablezcan los derechos de las victimas por el robo de bebés en Huelva y Cádiz".
