La alcaldesa isleña, Patricia Cavada, quiso salir este martes el paso sobre la polémica generada en torno a la Semana por la Vida y la denuncia de “veto municipal” realizada por parte de la Plataforma Derechoavivir, al no permitir el Gobierno local que se montara la exposición Expo-vida en el Centro de Congresos.
“Desde la Concejalía de Presidencia y la de Cultura que son las que llevan la gestión del Centro de Congresos se pidieron informes sobre la conveniencia o no de realizar una exposición en la que se criminalizan acciones que son totalmente legales y en la medida en la que podía alterar su normal funcionamiento. Yo lo que sí sé es que el Centro de Congresos y las salas de conferencias están abiertas a cualquiera que quiera dar una charla, siempre que se abonen las tasas y en eso no hay ningún tipo de problema, lo que sí nos han dicho es que jurídicamente teníamos la opción de poder discriminar de alguna manera aquello que puede herir sensibilidades, no solamente eso, sino ir en contra de acciones que son abolutamente legales”.
Reacción del PP
Por su parte, el concejal del PP, Daniel Nieto, ha manifestado su preocupación por la denuncia pública de Derechoavivir. Para Nieto, “los miembros del Gobierno local podrán estar o no de acuerdo con los posicionamientos que defienden los ciudadanos a título personal o colectivo, pero la falta de afinidad con estos no puede ser un motivo para negarles, como ha sucedido en esta ocasión, la utilización de un espacio público para celebrar una exposición”.
El edil popular afirma que censurar o impedir que un colectivo pueda usar un edificio municipal para desarrollar una actividad es un auténtico escándalo. “El gobierno socialista de Patricia Cavada ha puesto de manifiesto su verdadera cara, que es un gobierno atolondrado, sectario y caprichoso en virtud de lo cual está tomando decisiones totalmente inaceptables, como la que ahora denunciamos”.
Nieto prosigue asegurando que, sin entrar en el fondo de lo que se quiere divulgar, “lo que si queremos decir es que nos parece una mala manera de celebrar el aniversario del Decreto de Liberta de Imprenta, en definitiva, de libertad de expresión, que se promulgó hace 205 años en San Fernando, censurando que un colectivo local pueda utilizar los equipamientos públicos que siempre, al menos durante el pasado mandato corporativo, han tenido sus puertas abiertas a cualquier actividad.
Ante ello, el PP se pregunta si el ejecutivo socialista va a rectificar una decisión calificada como “sectaria e impropia de una ciudad que presume de ser la cuna de la libertad de expresión”, y si esta actitud va a ser la norma de uso que van a regir los espacios públicos municipales a partir de ahora. “¿Va a poner en marcha Patricia Cavada una policía ideológica que se encargue de examinar, previamente, cada exposición, libro, película o conferencia que vaya a ofrecerse en un inmueble público?”, se pregunta Nieto.
