Archivan la causa por desfalco contra la tesorera y el interventor

La Audiencia de Cádiz ha sobreseído la causa contra la tesorera, María Virtudes Gómez, y el interventor del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz), José Antonio López, por el caso del desfalco de la caja municipal, de la que desaparecieron más de siete millones entre 2004 y 2009.

En una resolución a la que ha tenido acceso Efe, la Audiencia gaditana atiende el recurso presentado por los abogados defensores de los funcionarios y por la Fiscalía en contra de mantener como investigados a ambos y cree que no se les puede acusar de delito alguna por la inexistencia de dolo.

Los recursos que atiende la Audiencia Provincial consideraban que la actuación de tesorera e interventor podía considerarse como una negligencia o malversación involuntaria, puesto que no evitaron que durante siete años, el funcionario Clemente Ruiz, principal acusado, en colaboración con otra cajera, María José Lebrero, sustrajese más de siete millones de euros de la caja municipal de San Fernando, en un desfalco detectado en 2009.

La Audiencia, como le recordaba el fiscal, asegura que no puede mantener la imputación de tesorera e interventor porque la malversación involuntaria dejó de ser delito en España en 1995.

Recuerda también que ambos tuvieron que asumir su responsabilidad subsidiaria ya en el Tribunal de Cuentas, donde sí fueron condenados.

Esta decisión de la Audiencia de Cádiz, aunque cierra la causa sobre la tesorera y el interventor, la mantiene abierta sobre el resto de imputados, a pesar de que la titular jueza del juzgado de instrucción de San Fernando intentara cerrarla en un auto de 2017 para poder fijar la fecha del juicio.

La Audiencia atiende aquí también el recurso de la Fiscalía, que reclamaba que la instrucción siguiera abierta hasta que se practicasen diligencias pendientes, entre ellas comisiones rogatorias a Marruecos para que declaren como investigados los miembros de la familia Buselhan, supuestos receptores del dinero sustraído, a los que se acusa de posible blanqueo de capitales.

La jueza de San Fernando había considerado mejor dividir la causa, de forma que se cerrase la instrucción del desfalco y abrir otra pieza diferente sobre el blanqueo, pero la Audiencia da la razón a la Fiscalía y considera que, antes de cerrarse y tomar la decisión sobre la división de la causa, se deben practicar esas diligencias pendientes.

En total, se va a pedir que declaren como investigados seis miembros de la familia marroquí.

Tras esta decisión, la instrucción vuelve a activarse en el juzgado número dos de San Fernando, donde la jueza Miriam Solano deberá solicitar las comisiones rogatorias a Marruecos, con el fin de localizar a los marroquíes investigados.

Solano, en el auto en el que intentó cerrar la investigación judicial, sostenía que entre el 1 de enero del 2004 y el 1 de abril del 2009, cuando el Partido Andalucista gobernaba el Ayuntamiento, Clemente Ruiz y María José Lebrero, encargado y auxiliar administrativo de la caja municipal respectivamente, sustrajeron 7.810.769,93 euros.

El dinero procedía del líquido de la caja, que tenía un volumen de ingresos "excesivo", porque "Clemente Ruiz evitaba siempre que los ciudadanos realizaran ingresos a través de entidades bancarias, sin que la tesorera o interventor adoptaran medidas para impedirlo".

También procedía el dinero robado de cheques o talones que expedían los responsables de la caja "para incrementar el saldo líquido", y que eran solicitados por Clemente Ruiz o María José Lebrero "aduciendo una inexistente necesidad de hacer frente a pagos urgentes".

La jueza determinó que Ruiz se gastó el dinero en beneficio propio y en crear una inmobiliaria para dar apariencia de legalidad al dinero robado, con la colaboración de la familia marroquí a la que ahora vuelve a buscarse