Ahora toca amueblar y mantener la casa del vecino y lo hará el Ayuntamiento de San Fernando con el dinero de los contribuyentes. La Junta de Andalucía ha aprobado la cesión del uso y mantenimiento del intercambiador de la Ardila, que dicho de esa forma puede parecer cualquier cosa menos lo que es.
Se trata de la estación del tranvía que está adosada a un edificio y tres dársenas que está llamado a convertirse en esa estación de autobuses que se viene demandando desde el siglo pasado, sólo que confluirá allí mismo el tranvía y una parada de taxis. O sea, el sistema intermodal de transportes, aunque no funcionen todos los modos.
El Ayuntamiento tendrá que amueblarlo convenientemente y procurar, aunque no sea la costumbre, que el mantenimiento esté a la orden del día.
Ya de camino deberá convencer no sólo a las empresas de transportes que atenderán a la llamada del Consorcio de la Bahía de Cádiz, sino a los ciudadanos de que aquello es una estación de autobuses ubicada a tres pasos de Río Arillo y en frente de uno de los futuribles grandes núcleos comerciales de la ciudad, el Janer. Ahora que el PSOE tiene a su cargo la Zona Franca de Cádiz.
El Ayuntamiento no sólo se encargará de la estación de autobuses -intermodal, claro- a la que tendrá que colocar también las marquesinas en cada una de las tres dársenas para que los viajeros puedan soportar las inclemencias del tiempo que se acrecientan en cualquier páramo que se precie.
No habla nada el acuerdo de ponerle un techito a los taxis, que están a la intemperie sin un triste arbolito que alguna vez procure sombras a los probos taxistas para que ellos resistan las esperas y los clientes no entren en una tetera en vez de en un coche. O en un congelador, según la época del año.
Viario público
También se encargará del mantenimiento de toda la calle Real, pero sólo de las aceras. La plataforma tranviaria, como todo el mundo sabe, es cosa de la Junta de Andalucía, entre otras cosas porque está asentada sobre un suelo que nunca ha sido municipal, sino del Ministerio de Fomento de las distintas épocas.
Para entender uno de los misterios administrativos del proyecto del tranvía hay que explicar la situación desde el principio; esto es, desde el momento en que comienzan las obras del tranvía metropolitano de la Bahía.
Sin necesidad de remontarse a la construcción de la Variante y la eliminación de la N-IV por la calle Real de San Fernando, sólo recordar que el Ministerio de Fomento de la época arregló la principal calle de la ciudad a cambio de que el Ayuntamiento asumiera el mantenimiento y de 800.000 euros al cambio.
El Ayuntamiento isleño nunca se consideró satisfecho con la obra y nunca recepcionó la calle Real, por lo que cuando la Junta pidió permiso para poner los raíles del tranvía el Consistorio sólo pudo acceder a que usaran las aceras, que sí eran de titularidad municipal.
El misterio radica en que no se sabe si la Junta pidió permiso, cuándo lo pidió si lo hizo y si se lo dieron si lo pidió para construir la plataforma tranviaria sobre la antigua N-IV propiedad del Ministerio de Fomento. Cada vez que se ha hecho esa pregunta, en público o en privado, los responsables de la Junta han escurrido el bulto. Dicho sea en el sentido literal de la frase.
Lo curioso del caso es que el Ayuntamiento se va a encargar del mantenimiento de la acera a todo lo largo de la calle Real, pero tampoco está claro si la titularidad de la acera vuelve a ser municipal o sólo su mantenimiento, lo que sería un chiste malo con cargo a las arcas municipales.
Zona de servidumbre
Bien es cierto que la reseña de la comisión que tuvo lugar el Cádiz la semana pasada se habla de recepción del viario, pero no lo es menos que siempre se ha dicho que cualquier medio ferroviario -y el tranvía lo es- cuenta con su plataforma y con su zona de servidumbre, que en este caso sería, precisamente, la acera. Y en la esquina del Cojo, ni eso.
Como cualquier zona de servidumbre debería pertenecer por lógica a la zona que sirve, indivisible de la misma, aunque también hay que tener en cuenta que el tren-tram, por eso de ser algo entre una cosa y otra, da para sentar precedentes que no se han dado en ningún lugar del mundo. Por eso es un prototipo.
Lo decía en este periódico en diciembre de 2009 José Antonio Gamero Albarrán, el abogado de San Fernando que defendió a los expropiados de Montañeses de La Isla y paró las obras del tranvía por carecer de proyecto. Opinaba "como ciudadano de San Fernando, no como abogado", ya que entonces litigaba contra el proyecto del tranvía y consideraba que no debia abordar el tema en profundida.
"Quizás se equivocó -el alcalde de la época- en entregar la calle Real y sus aledaños a un ente ferroviario, sabiendo que había tantos detractores. Pienso que debió de consultar a los ciudadanos ya que podría estar equivocado e hipotecar el futuro de San Fernando bajo su exclusiva responsabilidad. Pondré un ejemplo muy sencillo: es como si para formalizar un préstamo hipotecario sólo vaya a firmarlo el director del banco que hipoteca pero no vaya el dueño de la casa. En este caso cuando se recepcione la obra del tranvía por la Junta de Andalucía, toda la calle Real dejará de ser propiedad del Ayuntamiento de San Fernando y de los cañaíllas para pasar bien a Ferrocarriles de la Junta, bien a Adif -creo que será a está última ya que el tranvía entrará en sus vías- y también ambos lados de la calle quedan afectados por zona de servidumbre ferroviaria. Esto es algo de lo que nadie habla hasta ahora".
O traduciéndolo al momento actual, el Ayuntamiento no sólo le va a amueblar y mantener la casa al vecino, sino que le va a cuidar el jardín.
Lo que eliminó la Junta unilateralmente
Si antes del comienzo de las obras las encuestas que se hacían decían que la ciudad estaba dividida entre los que querían el tranvía por el centro y los que pedía, al menos, una consulta popular -nunca mejor dicho siendo quien fue el promotor de la recogida de firmas, el PP- era porque había motivos para estar a favor o para estar en contra. Al menos según vendieron el proyecto a la opinión pública y en función de las contraprestaciones que el tendido de la línea por el centro iba a tener para la ciudad.
Entre ellas la construcción de un aparcamiento disuasorio en la Magdalena; el arreglo de las calles perpendiculares a la calle Real; el soterramiento del cableado eléctrico de las fachadas -ya que no se hizo con el Plan de Protección del Casco Histórico- o, ya en manos de Esisa, la construcción de aparcamientos subterráneos en plazas como las del Rey o la Alameda.
Es de suponer que el mantenimiento de la estación del autobuses en medio del páramo estará en el convenio entre Ayuntamiento y Junta, pero lo anteriormente dicho también estaba y lo borraron de forma unilateral, aunque con la aquiescencia de los gobiernos municipales.
Es verdad que hay muchos incumplimientos de lo anunciado en un principio, cuando la ciudad estaba dividida entre los que sí y los que vamos a votarlo. Pero al menos la Agencia de Obra Pública se la Junta ha tenido el detalle de comprometerse a ejecutar “subsanaciones y remates” finales ya pactados, como completar y renovar parte del mobiliario urbano, con la instalación de 30 bancos y sesenta papeleras que en ambos casos da pena verlos en la actualidad.
Eso sí, a partir de ahí será el erario municipal el que pague las componendas. También, pero dentro del dominio tranviario, la Agencia de Obra Pública, atendiendo a una petición del consistorio de San Fernando, procederá a regenerar parte del tapiz de césped artificial que reviste la plataforma del tren-tram entre la Avenida Caballero Zuazo y el final de la Calle Real.
Y a todo esto, el tranvía sigue sin funcionar, con la espada de Damocles de la UE sobre su cabeza y con la Junta pidiendo... calma. Después de un decenio de obras.
