La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha apuntado que el Gobierno municipal ha dado un paso más en su apuesta por buscar salidas consensuadas al conflicto político y social abierto respecto a la playa de la Casería de Ossio, y ha enviado un escrito a la Mesa del Congreso de los Diputados en el que le da traslado de la situación con la intención de reclamar su colaboración para la búsqueda de soluciones “satisfactorias y coherentes, siempre bajo el prisma del consenso y la participación ciudadana”.

En la carta remitida desde el Ejecutivo local se solicita a este órgano, en su labor de fiscalización y control a la actividad del Gobierno del Congreso, que traslade a la Comisión u órgano que estime oportuno la comunicación, así como los documentos adjuntos (copia de la solicitud de Declaración de Interés Público, memoria presentada para ello y acuerdo plenario), “para que se emita la resolución que legalmente corresponda para detener cualquier actuación injusta e irreversible en La Casería, y así poder reconducir la actual acción de la Dirección General de Costas al diálogo, consenso y al estudio y resolución de la Declaración de Interés Público ya solicitada por el Pleno del Ayuntamiento de San Fernando”, y a la que aún no se ha dado respuesta.

El escrito recuerda que el procedimiento municipal de iniciar expediente de solicitud para la legalización mediante Declaración de Interés Público de los negocios de hostelería y restantes instalaciones vinculadas a la pesca tradicional se ha iniciado por la forma de proceder de Costas, alejada del consenso, y fue acordado por unanimidad en el pleno del 26 de noviembre de 2020. Conforme al procedimiento establecido para dicha declaración, se ha recabado informe a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y la Dirección General de Costas del Gobierno de España.

En su misiva, la regidora hace un exhaustivo repaso histórico de este asunto, del que resalta que compete al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y explica la peculiaridad de esta playa que se encuentra un asentamiento pesquero situado dentro del Dominio Público Marítimo Terrestre del cual se tiene referencia desde el año 1956 a través de ortofotos obtenidas a través de la web del Ministerio.

Cavada ha explicado que desde mediados de los años 90 ya se viene reclamando en la ciudad una necesaria inversión en esta parte del litoral para su regeneración y puesta en valor, llegando a redactarse en torno al año 2003 un proyecto para la zona que nunca llegó a ejecutarse.

La carta ya enviada apunta que, con el paso de los años, este lugar que ya resultaba llamativo y lleno de encanto, ha ido adquiriendo cada vez una mayor trascendencia por su singularidad y atractivo, convirtiéndose en uno de los paisajes más reconocibles de la Bahía de Cádiz y en un lugar que atrae a numerosos visitantes durante todo el año, siendo además escenario de rodajes de películas, documentales, vídeos musicales promocionales, set fotográfico, etc.

Del mismo modo, como recuerda la primera edil en su misiva, la actividad de pesca tradicional desarrollada por más de una veintena de pescadores que salen a faenar en la Bahía de Cádiz, y que mantienen este arte de pesca que se remonta a sus antepasados y que es singular y único en la zona, así como la actividad hostelera desarrollada por dos establecimientos de prestigio por la calidad del producto que cocinan y sirven, generan un número muy importante de empleos que ha de ser tenido en consideración.

El escrito enviado a la Mesa del Congreso recoge la información sobre el inicio del expediente de recuperación del dominio público por parte de la Demarcación de Costas de Andalucía Atlántico, y se especifica que se encuentra actualmente sometido a recursos por parte de los interesados. Además, como se recalca en la carta, “aunque el inicio de este expediente de recuperación responde supuestamente a un interés de llevar a cabo el proyecto de regeneración de la zona, hoy en día no existen proyecto o financiación comprometida para su ejecución”.

En esta situación, la alcaldesa vuelve a reiterar en la comunicación enviada que, en lo relativo a este conflicto, “es importante no avanzar en procedimientos irreversibles como la demolición de estos establecimientos e instalaciones, algo que no se entendería, máxime cuando se está instando un procedimiento por el Ayuntamiento que no se ha resuelto, cuando los interesados están recurriendo el mismo y cuando se está instando el consenso y la participación de la ciudadanía en este asunto”. 

“No ha existido otro interés por parte de este Ayuntamiento, su gobierno y los interesados más que el de iniciar una vía de diálogo, consenso y participación. Principios que han de regir la gestión publica y el desarrollo de nuestras ciudades. Para afrontar con éxito los retos es necesaria la implicación de todos los actores y, en este caso, se han olvidado de dos de ellos: la ciudadanía y la Administración local”, apostilla con firmeza la regidora en su escrito.

Por todo ello, la carta a la Mesa del Congreso concluye que “existen motivos más que suficientes para la paralización del actual expediente y su reconducción a la vía del diálogo para, a partir de ahí, establecer el desarrollo de un procedimiento que, permitiendo la mejora de nuestro litoral, atienda también a una identidad propia de esta parte de la costa y a los legítimos intereses de quienes durante generaciones han mantenido en este pequeño rincón la pesca tradicional y la gastronomía de la zona con productos únicos. Y será en ese momento en el que deba, además, sopesarse la vía legal establecida en nuestra normativa respecto a la Declaración de Interés Público, ya solicitada por el Pleno del Ayuntamiento de San Fernando”.