El 24 de septiembre de 1991, diez años antes de que ese día y ese mes restituyera a La Isla el título de cuna de las libertades por haber sido 190 años antes sede de las Cortes Constituyentes, 30 años antes de tal fecha como hoy cuando se conmemora el 211 aniversario de las Cortes que concedió derecho de ciudadanía a los entonces vasallos, la Guardia Civil llamó a la puerta de la madre de Adolfo Bosch Lería, un conocido buzo isleño que coleccionaba piezas arqueológicas. Unas sacadas por él mismo del fondo del mar; otras compradas a otros coleccionistas.
Registrada la vivienda que constaba en la orden judicial sin encontrar nada, ordenaron a un hermano de Adolfo Bosch abrir un almacén aledaño, para el que no había orden judicial de registro, según afirma Adolfo, donde encontraron las piezas de su colección. Una colección de la que todo el mundo sabía por su contacto con arqueólogos y museos e incluso por su ofrecimiento a crear un museo con ellas a cambio de un puesto de trabajo. Sólo un puesto de trabajo por un tesoro.
Ahí comenzó la odisea de Adolfo Bosch Lería, conocido popularmente como Fofi, en un tira y afloja con la Delegación Provincial de Cultura, de juicio en juicio, con las piezas en su poder en calidad de depositario y luego sin las piezas, que la Guardia Civil tuvo que sacar después por encima del muro porque se negó a abrir la puerta sin orden judicial. Del almacén las llevaron a Cádiz y algunas de ellas al Museo Naval de San Fernando.
Son treinta años de pleitos perdidos, piezas requisadas y una multa de 17,5 millones de pesetas fue lo conseguido ante los tribunales, a los que acusa de todo lo ilegal que puede ser un procedimiento, incluida la inclusión de un informe que aconsejaba el registro después de la orden judicial de registro.
Fofi peleó no sólo ante la Justicia sino a través de los medios de comunicación y luego todo quedó sepultado para la opinión pública -no para Adolfo Bosch Lería, que a estas alturas sabe tanto de leyes sobre su caso como un juez- hasta que comienza otra etapa mucho más descarnada que la anterior, el embargo de su vivienda y sus locales por el impago de la multa.
Fofi, con el paso de los años e incluso con todo el expediente en su poder que según él demuestra las “falsedades” del proceso pero que ningún abogado ha conseguido reavivar, mantiene en palabras textuales y por escrito que “el procedimiento que se hizo contra él y los registros se hicieron totalmente fuera de la Ley. Que la multa le fue impuesta de manera ilegal, ya que el procedimiento contra él se hizo fuera de la Ley”.
Durante todos estos años ha estado protestando ante la Audiencia Provincial de Cádiz, ante la Delegación de Cultura de la provincia, ha organizado manifestaciones por la capital de la provincia pidiendo justicia a su caso y mantiene todas las afirmaciones contra los responsables judiciales y los responsables políticos de Cultura. Afirmaciones, acusaciones muy dura, durísimas por las que alguna vez lo han detenido, pero nunca ha entrado en prisión.
Él dice que después de 30 años de lucha no se va a rendir y saca a relucir las fotos en las que se le ve protestando y acusando abiertamente a jueces y fiscales de "prevaricación" y "falsificación", nada menos.
Fofi no cree en la Justicia. Eso está fuera de toda duda. Pero paradójicamente no cree en la Justicia no sólo porque considera que los responsables de administrarla no obraron bien, sino porque después de las acusaciones que ha hecho tendría que estar en la cárcel. Y nadie se ha atrevido a hacerlo. Siempre lo han absuelto. Dice él que “por algo será”.
