La corporación en Pleno sale en defensa del partido judicial de Sanlúcar

Publicado: 01/06/2012
Los grupos municipales rechazan la posible pérdida de los juzgados sanluqueños tras el informe del CGPJ y el estudio que está elaborando el Ministerio de Justicia
La unanimidad fue la nota predominante en la sesión plenaria correspondiente al mes de mayo en el que la corporación municipal de Sanlúcar se pronunció alto y claro para rechazar la posible pérdida de los juzgados de Sanlúcar por los distintos informes que, desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Ministerio de Justicia pudieran concluir. La propuesta, defendida por  Ciudadanos Independientes de Sanlúcar (CIS), nacía de la preocupación sobre la eliminación del partido judicial de Sanlúcar tras un informe del CGPJ. Sin embargo, las declaraciones en prensa del ministro de Justicia tampoco han  calmado los ánimos de los trabajadores de los juzgados sanluqueños, abogados y procuradores, puesto que se alude a otro estudio, esta vez encargado por el Partido Popular, con el objetivo de economizar los gastos de la administración de Justicia. Así las cosas, la corporación municipal en Pleno decidió aprobar por unanimidad la moción encaminada a no permitir la eliminación de la demarcación judicial de Sanlúcar y que, en el caso de realizarse remodelaciones, sea la ciudad la que asuma el papel de cabecera de comarca. La edil de CIS, Elena Sumariva, defendió la iniciativa aludiendo a la población que atienden los cuatro juzgados sanluqueños y aventuró, incluso, la necesidad de la apertura de un quinto juzgado en base a la carga de trabajo que presentan estos tribunales en la actualidad.

URBANISMO

La unanimidad también llegó a la hora de dar el visto bueno a convenio urbanístico que posibilitará abordar el desarrollo del PERI-CH-3, en la zona centro, cuyo desarrollo está comprometido por la Junta de Andalucía.

Al Gobierno andaluz también acordaron todos los grupos municipales sin excepción, reclamarle el cumplimiento del Programa de Rehabilitación de viviendas 2008-2012, una propuesta defendida por el Partido Popular y que, según sus datos, ha conllevado que desde 2009 no se admitan solicitudes para la rehabilitación autonómica y que aún resten por construir más de 70 viviendas de las comprometidas en su día por la Consejería de Obras Públicas con el Ayuntamiento de Sanlúcar. Los grupos coincidieron en destacar que la ejecución de este programa, sobre el que PSOE fue más allá, solicitando su ampliación para años venideros, supondría en cuanto a la reactivación de la economía local, sobre todo, en las pequeñas empresas del sector de la construcción afectadas por la crisis.
Los populares también sacaron adelante su propuesta para que el Gobierno local estudie la habilitación de zonas de aparcamiento próximas a las áreas comerciales de Sanlúcar y también respaldaron todos los grupos el apoyo al sector pesquero, al instar a la Junta de Andalucía a modificar el decreto que regula las horas y jornadas de la pesca profesional debido a que Sanlúcar, por su especial ubicación geográfica, emplea más tiempo en llegar hasta las zonas de pesca.
El acuerdo unánime no fue posible, sin embargo, a la hora de tratar la subida del IAE para aquellas empresas que facturan más de un millón de euros, unas 400 en Sanlúcar, a lo que el PP se abstuvo en la votación.

CUENTAS DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES

Los primeros asuntos abordados en el Pleno de mayo correspondieron a las cuentas generales de las empresas municipales en el ejercicio 2011. Sólo Eressan, con un 6% de aumento en la recaudación como consecuencia de la labor de inspección y nuevas altas del catastro, consiguió beneficios. Esta gestión fue aprobada con la abstención del PP y del PA y los votos a favor del resto. En el resto de empresas -Emulisan con una deuda de 458.000 euros, a pesar de haber obtenido beneficios; Elicodesa con 63.000 euros en pérdidas; y Emuremasa, con más de 103.000 en saldo negativo - las cuentas sólo fueron aprobadas por el equipo de Gobierno, mientras que el PA mantuvo su abstención e IU y PP votaron en contra alegando que las pérdidas indican causas de disolución. El Gobierno local aseguró estar tomando medidas para mejorar la economía de las empresas, como la reestructuración de la plantilla.

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