Las residencias de ancianos de la provincia de Cádiz han estado en los últimos meses en el punto de mira de la Guardia Civil, al mando de una investigación que ha derivado en la denominada ‘Operación Pócima’, por la que en las últimas 24 horas han sido llamados a declarar en las localidades de Jerez, San Fernando y Sanlúcar, cinco directores de tres residencias de ancianos, a los que se les ha imputado un delito de estafa por adquirir fraudulentamente medicamentos de farmacias usando las tarjetas electrónicas sanitarias de usuarios del centro que habían fallecido.
En concreto, las imputaciones se han realizado a los directores que estaban al frente de las residencias entre 2009 y 2011, por lo que en los casos de Jerez y San Fernando, han sido dos directores por cada centro, mientras que en Sanlúcar sólo hay una persona imputada por este caso.
DENUNCIA
Un informe de la Inspección de Farmacia de la delegación provincial de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía puso sobre aviso a la Guardia Civil de que en tres residencias de la provincia de Cádiz se podía estar utilizando la tarjeta sanitaria de ancianos fallecidos. Así, tras comprobar los hechos denunciados, se contrastaron los datos, las fechas y las partidas de defunción, así como los medicamentos y diversos productos sanitarios que se habían adquirido fraudulentamente.
La investigación llevó incluso a los investigadores a personarse en las oficinas de farmacia donde habitualmente los responsables de las residencias de ancianos retiraban los medicamentos para los usuarios del centro, al objeto de comprobar de dónde procedían las irregularidades.
Una vez recabadas las pruebas y contrastados los hechos denunciados por la delegación provincial de Sanidad, la Guardia Civil llamó a declarar a los responsables de las residencias de ancianos de las tres residencias bajo sospecha. Los interrogatorios se desarrollaron en la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz durante la jornada de ayer y esta mañana, cuando se ha realizado la última de las imputaciones una vez la noticia ya había sido avanzada en primicia por este medio de comunicación.
Los cinco sospechosos, a los que la Guardia Civil imputa un delito de estafa, han sido puestos a disposición de los juzgados de guardia de las localidades afectadas, aunque este medio ha podido conocer que aún no habían prestado declaración ante el juez. No obstante, las mismas fuentes señalan que las investigaciones continúan su curso y no se descartan más imputaciones en las próximas horas.
En el desarrollo de las investigaciones ha colaborado activamente la Inspección de Farmacias de la Consejería de Sanidad, cuya denuncia activó la operación que ha derivado en las imputaciones.
GRAN VOLUMEN DE MEDICINAS
Las sospechas de la oficina de Inspección de Farmacias de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía pusieron sobre la pista a la Guardia Civil, que dirigió sus investigaciones también sobre las oficinas de farmacia que usaban habitualmente estos centros geriátricos para obtener las medicinas de los usuarios. De esta forma pudieron comprobar que el alcance económico de esta supuesta estafa a la Seguridad Social no era elevada, según han podido confirmar diversas fuentes a este periódico. Al parecer, en el caso de las irregularidades detectadas en la residencia de ancianos Virgen de la Caridad de Sanlúcar, apenas supera los 500 euros. Otras fuentes han apuntado que en el caso de las localidades de Jerez y San Fernando, podría llegar a los 12.000 euros.
Lo que sí llamó la atención de los miembros de Inspección de Farmacias fue la elevada cantidad de medicamentos y de otros productos de prescripción médica que fueron retirados haciendo uso de estas tarjetas sanitarias, conociendo con posterioridad el fallecimiento de sus titulares, lo que dio origen a la denuncia.
