Desde el partido socialista se entiende que tanto el documento de Plan Especial de Protección como el documento de Plan General de Ordenación Urbanística son instrumentos fundamentales para el desarrollo de la localidad. “Lamentablemente, la redacción del nuevo Plan Especial acumula más de tres años de retraso, habiéndose incumplido todos los plazos de ejecución inicialmente comprometidos por el Ayuntamiento”, según manifiestan desde el partido socialista.
Para el PSOE, el retraso en la elaboración del Plan Especial “significa que Rota esté perdiendo tanto oportunidades de captar nuevas inversiones, como que el centro histórico de Rota tenga un desarrollo sostenible dentro de parámetros lógicos de protección”. Por tanto, se entiende desde el partido socialista que el Ayuntamiento de Rota debe agilizar lo máximo posible la tramitación del Plan Especial de cara a que la localidad “tenga un documento de protección y de dinamización eficaz”.
El Partido Socialista de Rota entiende que el Plan Especial de Protección Histórico de Rota, aprobado inicialmente, “imposibilita” que se construya vivienda protegida en el centro de la Villa. En este sentido, el Plan indica que las viviendas de menos de 90 metros cuadrados útiles tengan la denominación de apartamentos, impidiendo mediante la ordenanza prevista que se construyan de forma genérica apartamentos dentro del espacio que abarca el Plan Especial, según el análisis realizado por el partido en la oposición.
Esta medida, según denuncian, imposibilita que, en la práctica, se puedan construir viviendas protegidas ya que conforme a lo dispuesto por el Plan Andaluz de Vivienda 2008-2012, recientemente aprobado, la vivienda protegida tiene una superficie máxima de 90 metros cuadrados, salvo que se destinen a familias numerosas.
La imposibilidad de desarrollar vivienda protegida en el centro histórico “es un elemento muy perjudicial para Rota ya que impide que ciertas capas sociales puedan implantar su domicilio habitual en el centro histórico, entre ellos los jóvenes”, ya que, según entienden, este plan hará que vivir en el centro sea “un privilegio de las clases altas, normalmente conformadas por personas foráneas”.
Al mismo tiempo, para el partido socialista de Rota, la imposibilidad de implantar viviendas protegidas en el Centro dificulta que Rota cuente con un casco histórico revitalizado y dinámico, “ya que los propietarios de las viviendas, en su gran mayoría, no estarían conformados por personas que tuvieran su vivienda habitual en las mismas, por lo que la citada medida comportaría un efecto contrario al inicialmente previsto”.
Por tanto, el grupo municipal socialista entiende necesario que se adopten las medidas pertinentes por parte del equipo redactor del plan para que el centro histórico “cuente con un gran número de viviendas protegidas como fórmula que impida el despoblamiento de nuestro centro”.
Por otro lado, en cuanto al fraccionamiento o división de viviendas existentes, que queda prohibido por la normativa recogida en el documento, dicha medida evita que los descendientes de los actuales ocupantes de las viviendas continúen residiendo en el Centro Histórico ya que no podrían contar con nuevas viviendas (de una menor extensión) para ellos dentro de una misma finca, incluso cumpliendo la superficie mínima exigida de 90 metros cuadrados.
Para el PSOE “llama enormemente la atención que tras un exhaustivo análisis urbanístico, como el que se ha realizado, y que ha dilatado en el tiempo la aprobación inicial de este documento, la única propuesta que se plantea para evitar el despoblamiento del centro histórico sea una medida que provoca, precisamente, el efecto contrario al pretendido”.
Además, desde el grupo se encuentran determinados aspectos del documento “de dudosa legalidad”, ya que entra a definir cuestiones que quedan fuera de su competencia de acuerdo con lo recogido en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía para dicha clase de documento, tales como clasificación del suelo, y modificaciones en las Áreas de Reparto, “disminuyendo la edificabilidad global del conjunto histórico, o sacando de dichas áreas a los edificios catalogados”.
Elementos que “comportarán, a buen seguro, que tanto la Comisión Provincial de Patrimonio como la Delegación de Vivienda y Ordenación del Territorio presenten objeciones al documento, que conllevarán nuevos retrasos para la aprobación definitiva”.
