El Ayuntamiento de Sanlúcar ha explicado a través de un comunicado de prensa las gestiones efectuadas por la Oficina Municipal de Mediación en Defensa del Derecho a la Vivienda Digna coincidiendo con la celebración, esta semana, de los primeros juicios por las ocupaciones de inmuebles en Martín Miguel, Carril de los Ángeles y Bonanza.

Si bien se han llevado a cabo gestiones a través de la Oficina de la Vivienda Digna de cara a conseguir un alquiler social para los okupas, lo cierto es que desde el Consistorio apuntan que “no se ha podido avanzar más en las negociaciones” ya que, en el caso de estas tres promociones en concreto “no pertenecen aún a ninguna entidad bancaria”, sino que lo único que existe es un derecho de crédito garantizado con las mismas.

En tierra de nadie

En el caso de la corrala de Los Ángeles, de 19 viviendas y con 51 ocupantes, 14 de ellos menores, sólo 8 de estas familias están inscritas en el registro de Demandantes de Vivienda. Las viviendas constinúan siendo propiedad del promotor y están inmersas en concurso de acreedores. Al parecer, el banco vendió los créditos de esta promoción al Sareb que asegura que no puede intervenir porque no le consta ni siquiera la solicitud de ejecución hipotecaria. No obstante, el Sareb se ha comprometido a trasladar la propuesta de alquiler social una vez adquiera la promoción. En el caso de Bonanza, la situación es similar, si bien el Sareb se ha negado a facilitar información al Consistorio. Estas promociones están “en terreno de nadie”, apuntan desde el Consistorio, ya que los promotores podrían acabar acusados por un delito de alzzamiento de bienes si disponen de ellas para alquiler o venta, lo que sí podrían hacer los administradores concursales siempre que no perjudique a la masa administrada.

En la corrala de Martín Miguel hay 38 familias, de las cuales sólo 3 han acudido a pedir ayuda a la Oficina de Mediación. La propiedad continúa siendo del promotor y podría acabar en una ejecución hipotecaria. El banco estudiará. cuando se le adjudique la promoción, reubicar a estas familias en otras viviendas del grupo, según la información facilitada por el Consistorio sanluqueño.
Con todo, desde el Ayuntamiento de Sanlúcar sostienen que se están buscando viviendas desocupadas del fondo social de viviendas de los bancos por si al final se produce lanzamiento.

En este sentido, el Ayuntamiento de Sanlúcar asegura seguir “a disposición de los ciudadanos”. De cara a los juicios que se han celebrado esta semana, el Consistorio ha hecho entrega de un informe al representante legal de las corralas de Martín Miguel, Bonanza y Los Ángeles, para su remisión al juez.

En el escrito, el Ayuntamiento da cuenta de las gestiones realizadas y explica la intención de “mediar  entre propietarios y familias para resolver en lo posible y buscar arrendamientos en aquellas situaciones de especial vulnerabilidad”.