En su argumentación el Tribunal dice que la mayoría de los magistrados considera que los dirigentes del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) cometieron “serios ataques” contra el laicismo, sobre todo respecto a la reforma para garantizar el libre uso del velo en las universidades públicas.
El tribunal juzgó que este punto “contrario a los principios inmutables de la Constitución”, establecidos en los tres primeros artículos de la Carta Magna y sobre los que “queda prohibido hacer enmiendas e incluso proponerlas”.
Especialmente duro es el texto del Tribunal Constitucional sobre Erdogan, al que acusa de “estar implicado en actividades contrarias al laicismo”.
Los magistrados reconocen que el partido que dirige Turquía desde 2002 “han usado los poderes del Gobierno para acercar al país a las normas democráticas occidentales modernas”, haciéndose eco del programa de reformas dentro del proceso de adhesión del país euroasiático a la Unión Europea.
En marzo la Fiscalía del Estado pidió ilegalizar al AKP e inhabilitar políticamente a 70 de sus dirigentes y al presidente de la República, Abdullah Gül, por haberse convertido en “un foco de actividades contra el laicismo” turco.
Pero en julio, los magistrados constitucionales fallaron en contra de la demanda en una ajustada votación en la que seis jueces exigieron la ilegalización, cuatro la retirada de fondos públicos y uno la absolución, algo insuficiente para conseguir la mayoría cualificada de siete votos a favor necesarios para la ilegalización.
Siete años para la ue
El presidente de Turquía, Abdullah Gül, cree que su país puede entrar en la UE dentro de unos siete años, momento para el que espera haya terminado el proceso de negociación. “Creo que una vez que hayamos acabado el proceso de negociación –puede que en cinco, seis o siete años, no lo sé, depende también de nosotros– tendremos una Turquía muy diferente a la de ayer y estoy convencido de que entonces los miembros de la UE comprenderán que Turquía es un triunfo para la Unión”, declaró Gül.
