El conflicto laboral que mantienen el Ministerio de Justicia, que dirige la ministra Pilar Llop, y cinco sindicatos (CSIF, CC OO, STAJ, SPJ-USO y UGT) desde el pasado mes de abril, y que ha generado la suspensión de miles de juicios y declaraciones en los tribunales de toda España (más de 8.000 en la provincia de Málaga), ha dado otro giro de tuerca con la convocatoria este miércoles de una reunión en Madrid de los representantes sindicales con responsables del Ministerio.
Y el objetivo no es otro que abordar la subida retributiva de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que ya fue firmada por los secretarios de Estado de Justicia y Hacienda el pasado 28 de marzo, y que fue cuestionada por las organizaciones sindicales al no haberse negociado con ellas.
Un incremento salarial para los cerca de 4.700 secretarios judiciales de toda España (157 en la provincia de Málaga), de entre 430 y 450 euros brutos al mes, importe que debería de comenzar a pagarse este mes de junio, según el documento suscrito con las tres asociaciones de letrados (CNLAJ, UPSJ y AINLAJ).
Sin embargo, este incremento progresivo pactado hasta diciembre de 2024 debe ser firmado ahora por los representantes sindicales, a quienes la actual normativa reconoce la capacidad para la negociación, no solo de los 45.000 funcionarios de los cuatro cuerpos generales de Justicia, sino también de los letrados judiciales.
De hecho, dos recientes laudos arbitrales en Málaga y Almería han declarado que este cuerpo superior está incluido en el censo para elegir a los representantes sindicales el próximo 20 de junio.
CITA "PROVOCADORA" EN MADRID
La presencia sindical en esta reunión para el día 16 está en estos momentos en el aire, por el fuerte malestar de los cinco sindicatos tras no ser recibidos por los responsables de Justicia en las últimas semanas, que han aplazado cualquier negociación sobre las demandas salariales de los funcionarios para después de las comicios generales del 23 de julio, fecha en la que saldrá un nuevo equipo ministerial.
La propia ministra Pilar Llop ni siquiera va, por ahora, en las listas socialistas del Congreso o del Senado, Cámara ésta que llegó a presidir entre 2019 y 2021.
El Comité de Huelga del personal funcionario ha calificado de "provocadora" esta reunión, y ha exigido al Gobierno "una desautorización inmediata de la ministra Llop y del secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez", al tiempo que reclama a los partidos políticos "una reacción clara en contra de esta agresión".
Los sindicatos mantienen que con la subida retributiva al cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, "incremento que el Ministerio negoció con sus asociaciones al margen de los sindicatos que legalmente los representamos, se intenta con la reunión subsanar la temeridad legal que supuso negociar con esas asociaciones".
Piden, por ello, que la convocatoria del viernes "suspenda cualquier negociación mientras no se aborde la solución negociada al conflicto en Justicia".
ADMISIÓN DEL RECURSO SINDICAL ANTE LA AUDIENCIA
Paralelamente a esta convocatoria del Ministerio, se ha conocido también que la Audiencia Nacional ha admitido a trámite la demanda del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), contra dicho acuerdo entre el Gobierno y los colectivos profesionales de los LAJ. Ha sido la Sección 7 de la Sala de lo Contencioso-administrativo mediante un auto comunicado este miércoles después de dos meses desde que se impugnó.
STAJ recurrió el pasado 17 de abril el incremento salarial de los secretarios, por entender que "las organizaciones sindicales no han tenido ni la más mínima participación", tal y como recoge el Estatuto Básico del Empleado Público. Semanas más tarde, CSIF formalizó otro recurso contra dicha subida salarial de los LAJ, que está pendiente de respuesta.
En el auto de la Audiencia Nacional se establece que "un examen detenido de dicha resolución permite entender que en su impugnación pueden estar en juego derechos como el de la negociación colectiva, así como el resto de derechos que se reconocen a los empleados públicos".
De judicializarse, como parece, el abono de los 22 millones de euros que supone el incremento salarial para los secretarios judiciales de España, dicho pago podría ser cuestionado posteriormente por los tribunales por la ausencia en la negociación de los sindicatos. Sería otro signo más de la problemática gestión laboral del departamento de Pilar Llop en los dos años que ha estado al frente del Ministerio de Justicia.
Los reproches sindicales al Gobierno por la cita del viernes 16 han llegado hasta tal punto que el Comité de Huelga de los funcionarios ha pedido en un comunicado que el departamento de Justicia explique a la ciudadanía "si el hecho de que el Ministerio esté plagado de Letrados de la Administración de Justicia en puestos de asesor, muchos de ellos miembros de asociaciones, ha tenido algo que ver en la sustanciosa subida pactada en cuatro días con este colectivo que, ahora, pretende validar".
El malestar de los funcionarios de Málaga se visualizó durante la mañana de este miércoles en una manifestación por el centro de la capital, en la que se portaban pancartas donde se leían 'La Justicia se hunde' y 'Funciones claras, retribuciones justas'. Los cerca de 1.850 empleados públicos de Justicia en Málaga reclaman una subida de entre 430 y 350 euros al mes.
