Gibraltar se enfrenta a un auténtico problema sanitario -y económico- relacionado con el Brexit y como consecuencia del no mantenimiento del statu quo en las condiciones del transporte transfronterizo con España, y que está relacionado con algo tan insólito como la reserva de plaquetas o el mismísimo servicio de ambulancias
Por un lado, al gobierno de Fabian Picardo se le ha subido a las barbas la oposición del partido socialdemócrata (GSD), cuyo líder, Keith Azopardi, exigió el pasado mes de mayo, en sede parlamentaria, al ministro de Sanidad, Albert Ísola, que explicase el notable incremento de la prestación de servicios de ambulancia en España para pacientes gibraltareños, una intervención recogida por El Confidencial. Y es que el gasto ascendió a 392.322 libras durante todo el 2022, y ya era de 202.863 libras en el primer cuatrimestre de este año, lo que nos lleva a una previsión de incremento del 30% al final de este año. Demasiado gasto extra para que a la oposición le pase desapercibido y un nuevo dolor de cabeza que la sanidad le da al ministro principal.
El Confidencial cita fuentes de su gobierno al afirmar que la colonia cuenta con una flota de ambulancias que operan en el territorio así como conciertos con empresas españolas para trasladar a pacientes gibraltareños a hospitales españoles, ya sean públicos o privados. Estas empresas son Ambulancias Andalucía SC, Helicópteros Sanitarios SA y Socorrismo y Servicios SJ, que se contratan en función de las tarifas de cada entidad. En la respuesta de Ísola no se aclara este incremento de gasto, y según la transcripción consultada por El Confidencial, el ministro solo acierta a decir que “estos proveedores españoles se contratan en función de las tarifas comerciales de cada empresa” y “la GHA recurre a ellos en función de las necesidades”,
No obstante, algunas fuentes citadas por el rotativo nacional vinculan este incremento del coste de las ambulancias a las trabas impuestas por las normas de transporte transfronterizo que se aplican desde marzo de 2022. Las medidas, adoptadas tanto por España como Gibraltar, fijaban que los transportistas con vehículos matriculados en Gibraltar podían operar en suelo español si se registraban en Extranjería y tenían un contrato de trabajo en España. Además, establecía que los ciudadanos españoles contratados por una empresa gibraltareña podían seguir cruzando la frontera con vehículos comerciales.
Para el Peñón, esto se percibió como una "imposición de requisitos" que rompía el statu quo y el gobierno de Picardo alimentó el fuego con gasolina acogiéndose al principio de reciprocidad, imponiendo restricciones que se extienden desde conductores particulares hasta el personal de ambulancia implicando que solo podrán hacer desplazamientos rutinarios de pacientes para su tratamiento en España si conduce personal de Gibraltar residente en España o en la Unión Europea.
Estos condicionantes han mermado también -señala el rotativo- el suministro de plaquetas que Gibraltar recibe directamente desde Jerez de la Frontera, que al parecer llegaba por mensajería a La Línea y desde allí se conducía por ambulancia. La Autoridad Gibraltareña, que ha elevado el asunto a altas instancias de Reino Unido, continúa buscando soluciones alternativas a este problema ya que, tal y como avanzó el ministro principal, Fabián Picardo, "está en juego la salud de los ciudadanos". Por otra parte, supone un problema de índole político para el ministro principal y que de nuevo pone en el punto de mira a un Gobierno al que ya se señaló por el elevado precio -muy superior al de mercado- que pagaba por los test de antígenos a su proveedor, un farmacéutico linense (5,40 libras por test cuando el usuario español abonaba 2,90 euros), Cualquiera diría que ultimamente al Ejecutivo de Picardo se le ha producido auténtico roto en el bolsillo a cuenta de la Sanidad.
