A principios de año, Manuel Martos García de Veas, letrado especialista en Función Pública del prestigioso Bufete Martos Abogados, se reunió en el Hospital de Alta Resolución de Vejer de la Frontera para abordar la reciente absorción realizada por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) con esta agencia y otras entidades similares. Esta reunión tuvo lugar con el gerente del hospital, Don José Luis Guijarro Rodríguez, la directora económica Dña. Amaya Fortis Serra, la directora médica Doña María Cousinou Toscano y la responsable de personal Dña. María Gracia Ocejo Moreno.
El proceso de integración ha levantado numerosas preocupaciones entre el personal afectado, que hasta el 31 de diciembre operaba bajo el régimen laboral. El 1 de enero de 2024, sin comunicación individual, fueron convertidos en estatutarios, un cambio de régimen sin indemnización alguna. Esta transición no solo afecta a los derechos laborales, sino que también implica la pérdida de derechos adquiridos, tanto en términos de remuneración como de condiciones laborales.
Martos Abogados ha iniciado “acciones legales en beneficio de sus clientes”, denunciando la falta de claridad “en el citado proceso de absorción”. Se destaca “la incapacidad del gerente y demás representantes para responder a las preguntas de los cientos de afectados presentes en la reunión”, remitiéndose constantemente a la respuesta evasiva de "elevaremos la pregunta".
“Es preocupante que el propio gerente admita desconocer la plantilla orgánica de su hospital, un hecho alarmante dado que se trata de un elemento crucial en el proceso de integración”, indica Martos para añadir que aunque se ha reconocido que el hospital funciona como una unidad independiente en algunas áreas, sigue dependiendo del Hospital de Puerto Real.
El despacho de abogados también ha denunciado “la situación precaria del personal temporal, al que se le informa que tendrá que esperar hasta el 29 de febrero para recibir sus pagos y otros derechos”.
Además de solicitar una auditoría por parte de la administración central sobre el proceso de integración, Martos Abogados buscará la depuración de responsabilidades personales. Se pedirá la intervención del Tribunal Superior de Justicia de Sevilla para evaluar la legalidad de la gestión y se solicitará el informe correspondiente de intervención y la gerencia del SAS.
En conclusión, el bufete anticipa “una alta litigiosidad, ya que la acción individual es instada tanto por la gerencia como por los propios trabajadores para asegurar el reconocimiento de sus derechos en esta compleja reestructuración del sector sanitario”.
